Opinión: ¿Traspiés de la pequeña Ileana en Miami?

Un juez federal de Miami acaba de frenar en principio la titulada ley 959 que impedía a la Florida hacer negocios con empresas extranjeras vinculadas a Cuba.

Se trata del magistrado K. Michael Moore, quien decidió este lunes que la citada ley no entre en vigor a partir del próximo domingo como estaba previsto.

La citada legislación fue rubricada semanas atrás por el gobernador Rick Scott, en medio de un espectáculo al que asistieron jefes de la ultraderecha de origen cubano, funcionarios gubernamentales y portavoces del Partido Republicano.

Un comunicado de Scott dijo entonces: «Estoy orgulloso de firmarla», y aun cuando abogados me advierten que será impugnada en tribunales, «se convertirá en ley estatal el primero de julio».

Sin embargo, después el gobernador arrojó un barril de agua fría sobre el festejo al puntualizar que la ley sería real luego de recibir el aval de Washington, porque, de lo contrario, no lo sería.

Días antes, el abogado principal del municipio Miami-Dade, Robert Cuevas, había sugerido a Scott no aplicarla porque choca con lo establecido por la Constitución de Estados Unidos.

Pero alguien discrepó de Cuevas, la jefa del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, quien se atrevió a decir que la nueva legislación «no viola ningún reglamento constitucional».

Uno de sus afines, el congresista David Rivera, incluso amenazó públicamente a Scott con llevarlo ante los tribunales si no garantizaba el triunfo de la ley.

Junto a ella estuvieron además el esquizofrénico exlegislador Lincoln Díaz-Balart, su hermano Mayito y el muy cuestionado posible candidato vicepresidencial republicano Marco Rubio.

No obstante, ahora el juez federal de distrito K. Michael Moore detuvo momentáneamente el proceso de tal legislación al posponer su entrada en vigor.

Moore atendió y resolvió así la demanda presentada por Odebrecht Construction, filial con sede en Coral Gables del consorcio brasileño de la ingeniería y la construcción.

Al recordar maquinaciones anteriores de igual factura ilegal, el magistrado Moore dijo: «Es como si no hubiera algún precedente y no hubiera habido una carrera en este esfuerzo en el pasado».

La demanda surgió a inicios de este mes a causa de la nueva ley, que impedía a los organismos del Estado y locales la asignación de contratos a empresas estadounidenses cuyas compañías matrices o afiliadas realicen negocios con Cuba o Siria.

A la Odebrecht Construction le achacaron que una de sus subsidiarias participa en la ampliación del puerto cubano de Mariel, situado en la región occidental de la isla.

El embajador de Canadá en Estados Unidos había llamado telefónicamente al presidente de la Cámara de Comercio de la Florida, Mark Wilson, para alertarlo sobre las afectaciones de esa ley sobre muchas de sus empresas allí y en Cuba.

Wilson declaró que numerosas personas brindaban escasas posibilidades a este proyecto, y que cuando lo menciona, muchos se alarman de que la Florida «considere establecer su propia política exterior».

En el plano formal, la ley solo acaba de sufrir un tropiezo, pero resulta significativo que hasta un periódico ultraderechista como El Nuevo Herald lo valore como el posible adelanto de una sentencia que finalmente califique a esa legislación de inaplicable.

No es la primera ocasión en que Ileana Ros-Lehtinen y sus hombres actúan como si la Florida fuese una república independiente, ni la primera en que sus chiflados planes naufragan.

Esta vez hubo algo nuevo. Sucede cuando ella festejaba por todo lo alto el inconcluso golpe de Estado parlamentario en Paraguay, y el revés floridano ensombreció un tanto su jolgorio.