Ministro de Corte Suprema rechaza pedido de libertad de Lula

Fachin tomó la decisión después que la vicepresidenta del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), Maria de Fátima Freitas Labarrére, se negara a aceptar el recurso interpuesto por la defensa del exdignatario para que éste aguardara en libertad hasta que el caso fuera juzgado en las instancias superiores, dijo la Agencia Brasil.

Según el magistrado de la Corte Suprema, al no ser admitido el reclamo de la defensa de Lula por el TRF-4 ello impide que sea juzgado por el STF.

El martes último se había confirmado que la segunda sala del Supremo, que además de Fachin integran los ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli y Celso de Mello, juzgaría el próximo día 26 el recurso, que de ser aprobado garantizaría la inmediata excarcelación del exmandatario, preso político desde el pasado 7 de abril.

En un comentario publicado en el diario digital Brasil 247, el periodista Alex Solnik recordó que cuatro de esos togados (todos menos Fachin) votaron a favor del habeas corpus para Lula "en la célebre y larga votación del pasado 4 de abril" en el plenario del STF y en la cual fueron derrotados por seis votos contra cinco.

"Votaron por la libertad de Lula hace dos meses, cuando él estaba bajo amenaza de perder el derecho de ir y venir. No serán incoherentes al punto de recusar la libertad a Lula ahora, que él ya la perdió", insistió.

Más cauteloso, Pedro Serrano, jurista y catedrático universitario, reconoció que aún cuando recientes decisiones de la segunda sala muestran que hay magistrados comprometidos con la defensa de la Constitución, no puede olvidarse que el Poder Judicial "está altamente contaminado por intereses políticos".

No estamos en un momento en que la democracia esté funcionando normalmente. Esa es la cuestión, subrayó Serrano en declaraciones al periódico Brasil de Fato y reiteró que no existe un Poder Judicial independiente que pueda declarar inocente a Lula, sacarlo de prisión y permitirle que sea candidato en las próximas elecciones.

En la petición que tenía previsto analizar la segunda sala del STF, la defensa del expresidente solicitaba la suspensión de la condena a 12 años y un mes de cárcel impuesta a Lula por el tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre, la cual viene cumpliendo de forma anticipada desde el pasado 7 de abril.

Según establece la Constitución de Brasil, el cumplimiento de las penas debe hacerse efectivo solo cuando sean agotados todos los recursos en todas las instancias judiciales. Sin embargo, el STF abrió en 2016 la posibilidad que los condenados puedan ser recluidos una vez ratificada la sentencia en segunda instancia.

En el caso de Lula, su prisión fue decretada incluso antes de que se agotaran los recursos ante el TRF-4.

Además de ver su libertad coartada indebidamente, el expresidente corre un serio riesgo de tener sus derechos políticos cercenados de la misma manera, lo cual en vista del proceso electoral en curso y dada su condición de precandidato presidencial le ocasionaría un daño gravísimo e irreversible, alegó la defensa.