Pedirán 20 años de cárcel para cuñado del rey de España

La Fiscalía Anticorrupción de España, solicitará el martes entre 18 y 20 años de prisión para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin y casi 17 años para su exsocio Diego Torres por el caso Nóos, una compleja trama de desvío de fondos públicos que les proporcionó 5,9 millones de euros ( unos 7 millones de dólares) de manera ilegal.

Del mismo modo, el Ministerio Público exculpó de los cargos de corrupción a la infanta Cristina, pero le pide que haga frente, junto al duque Urdangarin (su marido), a la responsabilidad civil de casi 600 mil euros (casi 800 mil dólares), lo cual contradice los inscritos del juzgado de Manos Limpias, al referir que la hermana de Felipe VI sí obtuvo beneficio de la malversación de fondos.

La infanta enfrenta acusaciones por dos delitos fiscales y por permitir que Urdangarin, pudiera defraudar hasta un total de 337 mil 138 euros ( alrededor de 500 mil dólares) en las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2007 y 2008.

Esa fue la petición de condena que el sindicato español Manos Limpias incluyó en su escrito de calificación, que presentará entre el 3 y el 9 de diciembre, convirtiéndose de este modo en la única instancia que solicitará pena de prisión para la Duquesa de Palma.

La esposa de Torres, Ana María Tejeiro, deberá pagar por su parte alrededor de un millón de euros (millón y medio de dólares), de las cantidades defraudadas por su cónyuge.

Un archivo con más de 500 folios presentará el fiscal Pedro Horrach ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma en el que dirigirá su acusación a 14 de los 20 imputados por el caso Nóos.

La pena para Urdangarin, Torres y el resto de los implicados podría variar en caso de que se dignen a reconocer el pago de las cantidades malversadas en  Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid, y asumen su entera responsabilidad de los hechos.

En cuanto a la infanta Cristina, la Fiscalía Anticorrupción alegó que no existen indicios de haber cometido delito alguno, aunque sostiene que ésta obtuvo beneficio ilícito de los fondos a través de una de las mercantiles parte del conglomerado empresarial Aizoon, de las que el matrimonio tiene 50 por ciento.

Se sospechaba que Aizoon era una pantalla para eludir pagos a la Hacienda española.