Colombia: Dichos y hechos

Dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al Infierno, lo que hace más difícil el que tiene que recorrer el reelecto presidente Juan Manuel Santos para mantener la vía abierta hacia la paz en Colombia.

Llueven los comentarios que coinciden en apuntar que el conseguir electoralmente su reelección presidencial es solo el respaldo a una política que aun está por fraguar y hacer irreversible el anhelo pacífico de la mayoría de los colombianos.

Ayuda sobremanera que mandatarios como el ecuatoriano Rafael Correa, de bien ganada fama de anticorrupto y con amplio respaldo popular, haya dado un fuerte espaldarazo a Santos.

No obstante, las propias fuerzas opositoras que ladinamente admitieron su derrota, están respaldadas por más de siete millones de votantes, bajo el control de sectores elitistas, latifundistas y, como en el caso de la amplia región central, por los magnates del narcotráfico. La abstención de la mitad de los electores contribuye al limbo del conocimiento sobre la situación del país.

Fue un triunfo electoral limpio, con casi dos millones de votos de ventaja, con un respaldo abierto del centro y la izquierda, apoyo que el propio Santos no debe olvidar, así como tampoco el “toma y daca” de las negociaciones que debe tener con la derecha –repito, con fuerte presencia en todos los ámbitos-, controlada principalmente por Álvaro Uribe, un gendarme del imperialismo norteamericano, y contrario en todo momento a las conversaciones con  los grupos guerrilleros, en las que se ha llegado a importantes acuerdos.

Por supuesto, la implementación de lo que se llegue a acordar en aras de la paz ausente en más de medio siglo requiere de la valentía del Presidente y de quienes lo secunden en el loable empeño, y más cuando aun están presentes -omnipresentes, diría- aquellos que han boicoteado impunemente los esfuerzos de paz, dejando una lamentable estela de muerte e inequidades.

Por eso es difícil mantener una tranquilizadora mirada sobre el proceso postelectoral en Colombia, porque no se debe desconocer la continuada gravitación que mantiene América Latina para el imperialismo norteamericano.

En este contexto, tampoco se debe olvidar el terrible prontuario de salvajismos que acumulan los discípulos colombianos del Pentágono, que han hecho que el país suramericano continúe liderando todas las marcas regionales de terrorismo de Estado.

El anterior mandato de Álvaro Uribe contribuyó a récords en desapariciones y asesinatos atribuidos a los paramilitares. Sólo en el 2010 ultimaron a 40 sindicalistas e incluso consumaron masacres con la única finalidad de obtener las recompensas que ofrece el gobierno.

Dentro del propio primer mandato de Santos ascendió a 4,5 millones la cifra de desplazados por la acción de bandas paraoficiales, que han cobrado sus servicios con la apropiación de seis millones de hectáreas.

Por supuesto, el mandatario reelecto no tiene que cargar necesariamente con la responsabilidad de todo un entuerto que solo se puede desbrozar mediante sinceras conversaciones y la compulsión moral que todo lo mal hecho hay que detenerlo y arreglarlo.

Porque en Colombia siguen apareciendo fosas comunes de cuerpos descuartizados, una herencia que fue más perniciosa en el mandato de Uribe, quien, por un lado, declaraba victorias contra el terrorismo y el narcotráfico, y, por otra, convocaba a los marines, para impedir el incontenible avance de esos flagelos. De ahí sus aportes a las siete bases otorgadas al imperialismo norteamericano, lo cual hará más difícil que el presidente Santos se saque el estigma que lo señala -justa o no- de gestionar también el terror.

Asimismo, tiene que enfrentar a presiones de Estados Unidos para que tenga cuidado en las conversaciones con las guerrillas y no insistir en el cambio de objetivo de las bases norteamericanas, que tiene como una de sus funciones hostigar a los gobiernos antiimperialistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y amenazar a las administraciones poco confiables (El Salvador y Nicaragua).

Desde Colombia opera una red de organismos de la Agencia Central de Inteligencia que financia las acciones contra gobiernos, movimientos y personalidades antiimperialistas y refuerza las conspiraciones contra Cuba. Las pistas aéreas construidas en el país brindan, además, cobertura de largo alcance para ejercer un control total sobre el Amazonas.

Este reciclado obedece a la persistente demanda de drogas por los compradores del Norte, especialmente en las localidades que no despenalizan el consumo. Pero el narcotráfico también persiste por los multimillonarios ingresos que genera esa actividad para una vasta red de intermediarios estadounidenses.

Las monumentales ganancias han enriquecido a las narco-burguesías locales, que ya imponen sus propias formas de administración territorial. Un sector de origen marginal adiestra su ejército de pandillas y actúa con sostén de amplios segmentos de la burocracia y las fuerzas armadas.

Contra todo esto tendrá que enfrentarse consecuentemente Juan Manuel Santos, luego que el pueblo le diera un voto de confianza a su actual política para llegar a la paz.