Vodafone revela que varios Gobiernos espían las conversaciones de sus clientes

La compañía británica de telefonía Vodafone ha desvelado este viernes que agencias gubernamentales de varios países cuya identidad no desvela espían sistemáticamente las conversaciones telefónicas e incluso la localización de sus clientes a través de cables secretos conectados a sus redes de telefonía móvil. España está entre los 29 países en los que opera Vodafone, aunque eso no significa necesariamente que sus autoridades lleven a cabo esas prácticas.

El informe de Vodafone, algunas de cuyas conclusiones han sido adelantadas por el diario The Guardian, es consecuencia del impacto causado por las revelaciones del exempleado de la CIA Edward Snowden y se titula Informe de Divulgación sobre la Aplicación de la Ley. Y con él pretende informar a sus clientes y al público general sobre cuáles son sus obligaciones legales de colaborar con los servicios secretos o las autoridades relevantes de cada país en materia de interceptación de los servicios que presta. En varios de ellos (Albania, Egipto, India, Malta, Qatar, Rumanía, Sudáfrica y Turquía) es ilegal revelar ningún aspecto sobre cómo se llevan a cabo las interceptaciones.

En el informe, la compañía explica que se han conectado en secreto cables a su red y a la de sus competidores, otorgando a las agencias gubernamentales la capacidad de pinchar los teléfonos y el tráfico de banda ancha de Internet. En muchos países, esas conexiones son obligatorias por ley.

Los 29 países en los que opera tienen distintas formas legales de obligar a las compañías telefónicas a cooperar con las escuchas y negarse a ello “no es una opción” porque les pueden retirar las licencias para operar dentro de sus fronteras.

“Esas conducciones existen, el modelo de acceso directo existe. Estamos haciendo un llamamiento para que se acabe el acceso de las agencias gubernamentales para obtener las comunicaciones de la gente”, declaró al diario The Guardian el responsable de privacidad de Vodafone, Stephen Deadman. “Si no hay una orden judicial oficial no hay visibilidad externa. Si recibimos una demanda podemos hacer dar marcha atrás a la agencia. El hecho de que el Gobierno necesite un documento para actuar es una limitación importante al uso de sus poderes”, añade.

“Que haya Gobiernos que puedan acceder a las llamadas de teléfono simplemente dándole a un interruptor es algo sin precedentes y espantoso”, declaró la directora de la organización Liberty, que defiende el derecho a la privacidad, Shami Chakrabarti.