Canciller español: Su techo de cristal

Un cable de EFE señaló este lunes desde Bruselas que el canciller de Madrid condiciona tal perspectiva a que la isla acepte las instrucciones europeas en ese terreno.

¿Cómo lo expresó? Que esa posición, alentada por José María Aznar en 1996, sólo será reemplazada por un acuerdo bilateral si Cuba “garantiza el respeto a los derechos humanos”.

García-Margallo informó que él y sus colegas europeos han decidido aplazar una decisión sobre la isla hasta “el siguiente Consejo, que tendrá lugar en febrero”.

Subrayó que “en ningún caso se ha hablado de derogar la posición común”, y sí de explorar un eventual acuerdo de asociación con Cuba siempre que respete los derechos humanos.

Corresponde a los 28 integrantes de la Unión la posibilidad de cambiar esa política, que La Habana no acepta y valora como una piedra en el camino de ambas partes.

A finales de 2012 los encargados de política exterior de la Unión Europea solicitaron a la jefa de esa área, Catherine Ashton, examinar un eventual  acuerdo bilateral con Cuba.

Ha llamado la atención que el canciller español, García-Margallo, haya martillado con tanta vehemencia el tema de Cuba y los derechos humanos.

Observadores apuntaron en Madrid que escogió el peor momento para erigirse en fiero guardián de esos derechos cuando están siendo triturados en España.

Con anterioridad, Cáritas denunció el sostenido incremento de la barrera entre ricos y pobres en España. Avaló su criterio con la reproducción de titulares de prensa:

La pobreza en España, "más crónica que nunca".

En España es donde más aumenta la brecha entre ricos y pobres.

Más de 11 millones de personas están en riesgo de pobreza en España.

Junto a ello, el análisis de Cáritas agregó que, al parecer, allí “no se detiene la pobreza, tanto como el 20,8 por ciento de la población.

Entre 2007 y 2010 la exclusión social sumó otras 800 000 personas y hasta entonces había un millón 400 000 hogares en los que nadie tenía trabajo, al tiempo que a 500 000 empleados se les agotó la ayuda por desempleo.

Actualmente, de acuerdo a estadísticas oficiales, quienes no están laborando en España superan hoy el 25 por ciento de sus trabajadores, uno de los más elevados en Europa.

Como las protestas se multiplicaron y recrudecieron el contenido de sus denuncias, el gobierno de Mariano Rajoy dictó la titulada Ley de Seguridad Ciudadana.

La nueva medida incluye la detención de ciudadanos que tomen parte  en demostraciones públicas, como  ante el Congreso, o quienes “insulten”  a las fuerzas represivas.

Esa ordenanza cuenta con 55 artículos, en su mayoría dirigidos a ejercer más control sobre las protestas callejeras y llega a no permitir concentraciones pacíficas frente al Senado y el Congreso.

La ley ha sido desaprobada a través de las redes sociales, donde muchos usuarios la califican de injusta, la igualan con  la Ley de Vagos y Maleantes, a la vez de recordar su afán por controlar a los ciudadanos.

¿Qué ha dicho sobre esto el canciller español, García Margallos? En público, nada. Cabe suponer lo hizo cuando el tema fue aprobado por el gabinete  del que forma parte.