Brasil: Trama criminal

No tan conocido, pero no por ello menos peligroso, es el necesario enfrentamiento que ha emprendido la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, contra la poderosa mafia local y su aprovechamiento de la miseria enraizada en las favelas de las principales ciudades del país.
                                                                                      

                                                         
Es un extraordinario reto a una mandataria que sigue aún al frente de las preferencias con vistas a su reelección en las elecciones presidenciales del próximo año, en medio de sus esfuerzos para estabilizar la economía del país y evitar que la inflación golpee a la población, aunque para ello tenga que sacrificar el crecimiento; y enfrentar dialécticamente protestas calorizadas por la extrema izquierda y aprovechadas por la ultraderecha.
                                                                                

                    
Todo surgió a raíz de la investigación de la Fiscalía de Sao Paulo sobre las actividades delictivas de 175 miembros del Primer Comando de la Capital, una mafia que actúa dentro de las cárceles de 22 estados del país al margen del poder del Gobierno, y que ha conseguido varias veces paralizar a la capital paulista y crear el pánico en la población.
      

                                                                                               
Reveladas por el diario O Estado de Sao Paulo, la Fiscalía cuenta con evidencias de los delitos cometidos por la cúpula mafiosa. Desde las cárceles, incluso desde las de máxima seguridad, los jefes de la organización dan órdenes a sus secuaces en libertad para llevar a cabo asesinatos, compra de armas y toneladas de cocaína, y deciden atentados contra policías, militares y autoridades políticas.
                                                                       

Lo que parece más grave, si cabe, de la investigación, es que se prepara para presentar candidatos al Congreso y a las alcaldías. La organización criminal actúa, además, en Bolivia y Paraguay. En Sao Paulo domina el 90% de todas las cárceles, factura cerca de ocho millones de reales al mes de la venta de drogas, y otros dos millones de loterías y contribuciones voluntarias de los presos en libertad (unos cinco millones de dólares).
                                                                                     

La facturación anual es de 120 millones de reales, unos 60 millones de dólares, lo que coloca al Primer Comando de la Capital entre las 1150 mayores empresas del país, según O Estado.
                                                                                          

El bando criminal cuenta con un arsenal de armas, entre ellas con más de cien fusiles y con siete millones de reales enterrados en siete pisos comprados por la organización. En total, solo en el Estado de Sao Paulo tiene 6000 miembros dentro de las cárceles y 1600 en libertad. En los otros estados la cifra es de 3582.
                                    

                        
En este contexto, la Alcaldía de Río de Janeiro tomó 12 favelas con operativos de batallones de élite, y avanzó en su plan de acabar con el poder barrial de los narcotraficantes.
                                                                     

El gobierno de Río da por pacificadas 34 áreas de la ciudad, que afectarían a millón y medio de cariocas. Lo más reciente ocurrió en los complejos de Lins y Camarista Méier, en la zona norte, donde casi mil efectivos policiales, con tanques blindados y helicópteros de apoyo, realizaron una ocupación de forma exitosa en menos de una hora y sin necesidad de disparar un solo tiro, ante la mirada atónita de los vecinos, que no saben a lo que atenerse, tras décadas sometidos a la sórdida ley del narcotráfico carioca.
                

                                                 
Cuenta el diario español El País que tuvo acceso a un grupo narco parapetado en la comunidad de Costa Barros, en la zona norte de Río. Decenas de jóvenes portaban pistolas automáticas y fusiles de asalto. De madrugada, mientras se iniciaban los preparativos para un baile funk, menores de edad embalaban en plena calle dosis de cocaína y éxtasis para venderlas durante la fiesta.
                                 

El líder del grupo, que exigió el anonimato, confirmó al periódico la preocupación existente por el avance imparable policial. Saben que en cualquier momento los carros blindados llegarán a su favela y que no tendrán otras alternativas que el combate cuerpo a cuerpo con una máquina militar que les supera considerablemente en número y armamento, o el éxodo hacia áreas donde perderán el privilegio de controlar la venta de drogas.
                                                                                              

                         
Sin embargo, el aparente éxito de las unidades pacificadoras parece hacer aguas en áreas críticas de la ciudad, como la favela Rocinha, que con más de 100 000 habitantes, está enclavada entre los pudientes barrios de Leblon, Sao Conrado y Gávea.
                                           

El comando de la Policía Militar de Río decidió cesar recientemente al mayor Edson Santos, quien, con varios de sus subordinados, orquestó la desaparición y tortura hasta la muerte del peón de albañil Amarildo de Souza, convertido ya en un símbolo de la brutalidad policial en la ciudad.
                                                                 

              
Teóricamente, la policía pacificadora tiene el rasgo específico de ser un modelo híbrido entre la convencional y cuerpo de asistentes sociales, pero comienza a presentar los viejos vicios de la Policía Militar de Río. No son extrañas las denuncias por abusos de autoridad y agresiones a vecinos de las favelas, algo que alimenta una espiral de rechazo local.
                                                                     

El desafío de las autoridades cariocas no solo radica en preservar incólume la quintaesencia de tales brigadas como política de Estado y continuar invirtiendo recursos humanos y materiales en esta plausible estrategia de seguridad pública; sino en crear posteriormente las condiciones de vida para que los habitantes de las favelas se sientan integrados en la ciudad y no excluidos en focos de miseria, una labor en que la presidenta Dilma Rousseff está empeñada y, como podemos apreciar, se encuentra preñada de obstáculos.