La justicia en EE.UU.: Nadie es culpable por las torturas de la CIA

La investigación lanzada en 2008 sobre el programa de la CIA para la detención e interrogatorio de presuntos militantes detenidos en el marco de la campaña del Gobierno estadounidense contra el terrorismo internacional, ha sido cerrada sin que se hayan presentado cargos criminales contra ninguno de los implicados, según ha informado el Departamento de Justicia.

Los interrogadores utilizaron técnicas como el waterboarding, conocido también como ahogamiento simulado, considerado por el Derecho Internacional como un acto de tortura.

El fiscal general estadounidense, Eric Holder, ha dicho que la investigación «se ha limitado a determinar si los crímenes fueron cometidos, y no resuelve otras cuestiones relacionadas con las conductas examinadas». Por su parte, la CIA ha celebrado la decisión, ya que desde el inicio han mantenido que el programa —que se inició tras los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center— se implementó bajo las normas comunicadas por abogados del Gobierno del expresidente George W. Bush.

El director de la CIA, David Petraeus, ha enviado un mensaje a los empleados de la agencia para anunciar el cierre del caso y para agradecerles su cooperación en la investigación.

Sin embrago, activistas pro Derechos Humanos han criticado la decisión, que han tildado de «decepcionante». «Está bien documentado que las torturas y los abusos fueron generalizados y sistemáticos tras el 11-S. Los casos merecían ser tomados más en serio», ha dicho Melina Milazzo, miembro de Human Rights First.

En un principio, la investigación contemplaba la presunta destrucción de cintas de videos sobre los interrogatorios llevados a cabo por el personal de la CIA a dos presuntos militantes. Sin embargo, hace tres años, Holder expandió la investigación para aumentarla y abarcar el interrogatorio de 101 presuntos militantes.

La porción de la investigación basada en las cintas fue cerrada en 2010 sin que se presentaran cargos. En junio de 2011, el Departamento de Justicia anunció que solo dos de las 101 detenciones e interrogatorios serían revisados y expandidos a una investigación criminal a gran escala.