Parlamento genocida y chantajista: No, no es en Perú, sino en Brasil

Siempre que se inquiere cuál es el peor Congreso del mundo, muchos con razón responden que el de Perú, pero esto es un “niño de brazos” al lado del brasileño, donde la mayoría opositora de derecha sigue torpedeando las propuestas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mejorar la vida del pueblo.

Ahora fueron frenado los planes de Lula en favor de la abandonada masa indígena, que ya con el anterior régimen sufrió fuertes penalidades, al ser expulsados de sus tierras, invadidos por la minería ilegal, destruido el hábitat de la Amazonía e invalidado cualquier reclamo sobre sus tierras ancestrales.

Pero no solo los diputados rechazaron los planes de Lula de reivindicación a los aborígenes, sino que aprobaron un proyecto de ley que limita el reconocimiento de nuevos territorios indígenas, impide su ampliación y permite actividades económicas en su interior.

Ello, por supuesto, hace muy difícil que el Estado siga reconociendo a los indígenas como legítimos propietarios de las tierras que reivindican. 

Se trata de un golpe sin precedentes para la causa indígena y de un revés considerable para el gobierno de Lula, quien llegó al poder prometiendo retomar la demarcación de tierras que Jair Bollonado paralizó e incluso creó un inédito Ministerio de los Pueblos Indígenas, que está cada vez más cerca de convertirse en algo meramente simbólico.

La ley se conoce en Brasil como del “marco temporal”, porque establece que los indígenas sólo pueden reivindicar las tierras en las que se encontraban el 5 de octubre de 1988, fecha en que se aprobó la actual Constitución. 

En la práctica, esto supone que los indígenas que no puedan probar que estaban en un área determinada antes de 1988 no conseguirán la demarcación. Los aborígenes alegan que de esta forma se ignora que muchas comunidades fueron expulsadas de sus territorios originarios, algo muy común, de hecho, durante la dictadura militar (1964-1985).
Los partidarios, ligados al poderoso sector agrícola y ganadero, defienden que la ley acabará con la inseguridad jurídica y las disputas territoriales y llevará paz al campo. 

Para indígenas y ecologistas es una sentencia de muerte. Y es que además de establecer ese límite temporal, la ley también impide que las tierras protegidas ya reconocidas puedan ampliar su extensión, autoriza la minería y el cultivo de transgénicos en su interior y que se realicen obras de infraestructura sin consultar a los pueblos afectados. Además, se flexibiliza la política de no contacto con los indígenas que permanecen en aislamiento voluntario.

GENOCIDIO

“Significa un genocidio aprobado por el Congreso. Es quitarnos el derecho a vivir, es acabar con el futuro de nuestros hijos, de los pueblos indígenas y de los bosques”, abundó Watatakalu Yawalapiti, jefa del movimiento de mujeres autóctonas de Xingu.

“Esta aprobación del proyecto de ley amenaza nuestros derechos. Todos nosotros, pueblos indígenas de Brasil, no lo aceptamos”, dijo en lengua kayapó el nonagenario cacique Raoni Metuktire a la agencia de noticias AFP.
En Brasil hay un total de 764 territorios de pueblos originarios, pero alrededor de un tercio aún no han sido demarcados, según cifras de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI).

Las 427 reservas indígenas que hay ahora mismo en Brasil equivalen a casi el 14% de su territorio y son las zonas donde la naturaleza está mejor preservada, donde los índices de deforestación son más bajos. Normalmente son islas verdes en medio de un mar de latifundios, por eso la demarcación legal de esas tierras es clave también para luchar por la preservación de la Amazonía y contra el cambio climático.

Las organizaciones indígenas tenían muchas esperanzas puestas en Lula y esperaban que ya en los primeros meses firmara los primeros documentos. No lo hizo hasta abril, cuando reconoció seis pequeños territorios. En ese momento prometió que al acabar su mandato en el 2026 no habrá ninguna reserva sin demarcar, algo que difícilmente podrá cumplir.

CENTRISMO QUINTACOLUMNISTA

La fortaleza de la derecha y del lobby ruralista en el Parlamento (que es más conservador si cabe que en la pasada legislatura) lo hizo posible. Tres partidos de centro que apoyan a Lula y tienen ministerios también votaron a favor, contrariando las directrices del gobierno. La ley aún tiene que pasar por el Senado, aunque los indígenas confían más en el Tribunal Supremo. No obstante, los jueces han abierto y cerrado el debate en numerosas ocasiones, y no está claro que ese día haya una decisión definitiva.

El avance de este proyecto de ley es la segunda gran derrota que los diputados imponen a Lula en muy poco tiempo. La semana pasada, cuestionaron el diseño de los ministerios organizado por el Presidente y retiraron competencias de los ministerios de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas. El primero, en manos de Marina Silva, se quedó sin poder manejar el registro ambiental rural, un documento que es clave para luchar contra la deforestación. La Cámara trasladó esa competencia al Ministerio de Gestión, donde se espera encontrar un terreno menos hostil.

El recién creado Ministerio de los Pueblos Indígenas se quedó sin su principal atribución, precisamente cuidar de la demarcación de las tierras que ahora está en cuestión, que pasará al Ministerio de Justicia.

CONSIDERACIONES

Cuando el mundo busca limitar el calentamiento del planeta, la demarcación de tierras indígenas es una barrera fundamental al avance de la deforestación en la Amazonia, la mayor floresta tropical del mundo, según los científicos.

Por su parte, la ministra de esta cartera, Sonia Guajajara, pidió a Lula que vete el proyecto, en caso de llegar a su despacho. Subrayó además que, en caso de tener luz verde, la legislación provocará importantes daños, no solo a los pueblos afectados, sino también a la economía.

En este marco, reportó EFE, medio centenar de grupos ecologistas agrupados como “Observatorio del Clima” advirtió que en caso de que no se frene este paso del legislativo, aumentarán los conflictos en el campo, además de señalar que este proyecto “viola la Constitución”.
“Bolsonaro se fue, pero el exterminio continúa”, concluyeron.

En cuanto al gobierno actual, hay que considerar el grave peligro de este Parlamento que, como todo parece indicar, puede realizar algún tipo de movimiento para sacar a Lula del poder.

Recordemos que ya lo hizo con el presidente Joao Goulart, cuando este contaba con el 74% de las preferencias de la población, y no pasó nada; como tampoco al producirse el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y posterior e injusto encarcelamiento de Lula, con el fin de impedirle participar en unas elecciones presidenciales y facilitar la victoria al fascista Jair Bolsonaro.

Ahora tampoco cuenta con mayoría no solo en el Parlamento y tampoco del apoyo de un segmento de una población confusa y a veces al garete por la malsana influencia de falsos propagadores de la religión, así como de mayoritarios medios informativos al servicio de la oligarquía agroindustrial.