«Nito» en apuros: Panameños contra el neoliberalismo

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«Nito» en apuros: Panameños contra el neoliberalismo
Fecha de publicación: 
20 Julio 2022
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Los manifestantes encienden antorchas mientras marchan en apoyo de los sindicatos de maestros en huelga hacia la Asamblea Nacional en la Ciudad de Panamá, el martes 12 de julio de 2022. Los panameños han salido masivamente a las calles para protestar contra los altos precios del combustible y de los alimentos. (Arnulfo Franco / Associated Press)

La corrupción de funcionarios públicos y gobiernos se ha convertido en una tendencia en Latinoamérica, afectando a las poblaciones más vulnerables, gracias a la mala distribución de las riquezas, el mal uso de los fondos públicos y, en consecuencia, la falta de aprovechamiento de los recursos para el crecimiento del país y la economía con miras a generar fuentes de empleo.

Panamá no escapa de esta realidad: en los últimos años hemos visto como los casos de corrupción van en crecimiento de la mano de un débil sistema de justicia que no satisface el clamor de la gente que pide cero impunidad y privilegios, sobre todo para aquellos servidores públicos involucrados en estos escándalos.

El gobierno de Laurentino «Nito» Cortizo ha estado envuelto en varios escándalos de corrupción durante la pandemia, entre ellos compras irregulares de insumos médicos para pacientes graves de COVID-19.

Por lo anterior, y a pesar de que accedió a las demandas populares para rebajar el precio de los combustibles, decenas de miles de trabajadores continúan el paro iniciado hace más de dos semanas para pedir el cese del modelo neoliberal que tiene sumada desde hace años en la pobreza a la nación istmeña.

De nada vale tener rascacielos, enormes estructuras de hormigón y sedes lujosas de grandes empresas, cuando la inmensa mayoría de la población vive en forma precaria, teniendo que buscar informalmente el sustento de cada día, mientras pululan familias enteras sin techo y obligadas a vivir de la caridad pública.

Tampoco vale de nada la promesa de «Nito» de que gobernaría con transparencia y castigaría la corrupción, cuando el propio discurso del mandatario suena tan hueco como justificativo, por lo cual no convence ni a los propios organismos internacionales que tratan de evitar un panorama que justifique un nuevo avance de la izquierda en la región.

Porque, pese a las palabras de Cortizo, las evidencias de corrupción en distintos niveles de la administración pública panameña siguen siendo frecuentes. Los hechos saltan a la vista en órganos como la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, la cancillería, la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad y otras instituciones. Además de todo esto, Panamá sigue siendo un país con uno de los peores sistemas judiciales de Latinoamérica y quizás del mundo entero.

La corrupción ganó terreno en el 2020 en Panamá, tras caer diez posiciones en el rango global del Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional, ocupando el puesto 111 de los 180 países evaluados por su grado de transparencia.

El analista político panameño Richard Morales afirmó a Sputnik que, si bien el detonante de las nuevas protestas fue el aumento del combustible, de los alimentos de la canasta básica y los medicamentos, de fondo está «una coyuntura en que la condición de vida de la mayoría de los panameños se ha deteriorado».

Junto con los problemas derivados del aumento en el precio de los combustibles, que llegó en julio a sobrepasar los seis dólares por galón, el doble del precio en el que había comenzado el 2022, Morales contextualiza que «Panamá tiene más de 700 000 personas, casi la mitad de su población económicamente activa, en la informalidad; el desempleo en la juventud está en un 24% y 325 000 personas sobreviven a partir de un bono solidario pírrico. Hubo un aumento del costo de vida y una precarización del empleo».

Mario Enrique de León, sociólogo del Centro de Estudios Latinoamericanos, apuntó que el paquete de medidas anunciadas por el presidente es superficial y no terminará el conflicto. «Lo que tendríamos que preguntarnos es por qué hemos llegado a este punto y para eso tendríamos que entender la estructura económica de Panamá», planteó.

PICA Y SE EXTIENDE

No sé si la demanda clave de la protesta pueda tener éxito en lo inmediato, pero sí que en esta ocasión la calidad de la huelga es superior a las que ha sufrido «Nito» desde que accedió al poder hace dos años.

Y es que, subrayo, las manifestaciones ya no son sólo en demanda de una rebaja de los combustible, Medicamentos y canasta familiar, sino que se ha extendido a numerosos sectores que exhiben sus problemáticas y demandas populares.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida, que reúne a agrupaciones gremiales, sindicales y centrales de trabajadores de Panamá, es una de las organizaciones que lideran las protestas por el alza del costo de vida en el país. El movimiento declinó reunirse a dialogar con el Gobierno mientras no haya consenso sobre las condiciones en las que negociarán.

La Alianza, según analistas, toma en la actualidad el vacío de representación popular que han dejado los partidos políticos tradicionales en los últimos 30 años, con el desafío futuro de articular y coordinar una alternativa política que represente a los sectores populares de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2024.

Entre los movimientos sociales que participan de las protestas están:

Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), representante de 22 organizaciones de docentes, civiles, ganaderas, pesqueros, agrícolas, de transporte y estudiantiles con base en la provincia de Veraguas.

Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), integrada por siete pueblos originarios (Kuna, Emberá, Wounaan, Ngäbe, Bugle, Naso Tjërdi y Bri Bri).

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción e Industrias Similares (Suntracs), con una base de 40 000 integrantes, así como la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines, y la Central Nacional de Trabajadores de Panamá.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida rechazó la mediación de la Iglesia Católica, bajo la presencia del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, en la mesa de diálogo convocada por el presidente Cortizo, y en su lugar solicitó la presencia del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

El dirigente de la Alianza Fernando Ábrego destacó a medios locales estar de acuerdo en dialogar, pero que «para eso es necesario que las partes puedan consensuar las condiciones de la mesa».

«Consensuar el mediador, las convocatorias que el Gobierno debe hacer a las fuerzas mencionadas, la metodología, los temas a discutir, el lugar, la fecha y la hora», replicó el dirigente.

«Este grupo [Alianza Pueblo Unido por la Vida] reconoce a los actores y fuerzas sociales en lucha, entiéndase, Anadepo (Alianza por los Derechos del Pueblo Organizado), el pueblo Ngäbe-Buglé en resistencia y las comunidades en lucha en todo el país», agregó Ábrego, mientras prosiguen las manifestaciones que ahora incluyen la eliminación del modelo neoliberal, el repudio al incumplimiento de promesas gubernamentales y el desprecio a la inopia de éste ante los problemas de corrupción que enriquecen a unos pocos y empobrecen a muchos.

 

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