El largo camino de un Código para todos en Cuba

Los cubanos dirán la última palabra el 25 de septiembre en referendo para aprobar o rechazar un Código de las Familias, considerado de avanzada por las autoridades de la isla y por reconocidos especialistas a nivel internacional.

Aunque una de las matrices de opinión de los detractores del gobierno de Cuba llama a no votar porque según alegan 'ya fue aprobado' por el parlamento unicameral de la isla en junio último, este no entrará en vigor hasta tanto la mayoría de los electores le de su respaldo.

La votación de los parlamentarios, unánime, correspondió a lo recogido en la última versión del documento, la número 25, cuya comisión redactora integró todas las adiciones, eliminaciones y correcciones que previamente la población aportó durante una amplia consulta llevada a cabo en febrero, marzo y abril de este año.

Al referirse al documento resultante, durante las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, lo calificó de norma digna, reflejo de la realidad de los cubanos y garante de la Constitución de la República y sus principios.

Puntualizó que 'esta Ley es más sólida porque está impregnada de soberanía popular, esencia revolucionaria, protección de derechos y un elevado valor humano', e insistió en que no regula modelos familiares rígidos ni preestablecidos -uno de los temas controvertidos a nivel de calle-, sino que propicia que todos accedan a la protección de las instituciones de índole familiar.

La práctica de participación democrática, valga recordarlo, resulta cada vez más frecuente en la isla y tiene como antecedente más inmediato el amplio debate popular que se desarrolló previo a la aprobación también en referendo de la nueva Constitución, refrendada el 24 de febrero de 2019 con el 86,85 por ciento de los votos emitidos en una nación con una histórica alta asistencia a las urnas.

En el caso del anteproyecto del Código de las Familias, datos de la Comisión Electoral Nacional (CEN) indican la participación en la consulta popular de seis millones 481 mil 207 cubanos, el 75.93 de los convocados, entre los cuales el 61.96 se manifestó a favor del texto. 

Para ello, también según la CEN, se realizaron 79 mil 192 reuniones fundamentalmente a nivel de circunscripción (instancia de base de la gestión de gobierno en la isla) y otras mil 159 con la participación de cubanos en el extranjero, fundamentalmente personal diplomático y ciudadanos que se encuentran en misiones de trabajo.

Además, los cubanos residentes en otros países también tuvieron la oportunidad de opinar sobre el proyecto de código, exponiendo sus observaciones en un enlace abierto con ese objetivo de la web del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De esas asambleas surgieron poco más de 434 mil 800 planteamientos y como resultado fueron modificados el 47.93 por ciento del texto general y el 49.15 del total de sus artículos y también incorporó ideas que representan un 2.06 por ciento del documento.

Esto, sobre el texto de la versión número 24 a la que se llegó luego de un prolongado y minucioso trabajo en el que cada nueva versión fue dando cuerpo lentamente al documento que los electores debatieron durante el primer cuatrimestre de este año.

Ese proceso conllevó infinidad de consultas especializadas y la recogida de propuestas a todos los niveles de la sociedad cubana, lo que incluyó la participación en la redacción de los sucesivos textos, de casi medio centenar de organismos gubernamentales, instituciones sociales, organizaciones de masas, comunicadores, periodistas, psicólogos, académicos, sindicalistas y religiosos, entre otros.

Todo ello en una labor que partió prácticamente desde el momento en que fue aprobada la Constitución en 2019, pues esta ley responde a lo establecido en las dosposiciones transitorias de la carta magna y a la necesidad de lograr la coherencia con el texto constitucional y los derechos reconocidos en varios de sus artículos, relativos a la pluralidad familiar, inclusión y el afecto como base de las relaciones familiares.

Más allá de los pasos perceptibles para la ciudadanía, el Consejo Electoral Nacional (CEN) que organiza, dirige y supervisa la realización del referendo, llevó adelante a lo largo de estos años un minucioso trabajo para garantizar la exitosa realización de cada paso, con la participación de decenas de miles de personas, y cuya culminación será el 25 de septiembre.

Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del CEN, ha insistido en que ese día podrán acudir a las urnas los cubanos que hayan cumplido 16 años de edad, se encuentren en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, tengan residencia efectiva en el país por un período no menor de dos años antes de la votación, estén inscritos en el Registro Electoral y no presenten restricción judicial para el ejercicio de su capacidad jurídica.

Entre estos se encontrarán más de 39 mil 900 jóvenes que votan por primera vez y podrán pronunciarse por un Código que busca proteger a los sectores vulnerables, enfrenta la discriminación y la violencia familiar, reconoce los derechos de los adultos mayores, el de todas las personas a fundar una familia y contraer matrimonio y se ajusta a los compromisos internacionales suscritos por Cuba en esas materias.