EE.UU.-América Latina: Las bases de la desconfianza

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EE.UU.-América Latina: Las bases de la desconfianza
Fecha de publicación: 
2 Marzo 2021
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A la hora de redactar estas líneas, aún el gobierno de Joe Biden no se había pronunciado oficialmente sobre la política a seguir acerca de Cuba, pero sí expresó que volverá a pedir el cierre de la prisión que Estados Unidos tiene en la base naval del territorio cubano que ocupa ilegalmente en Guantánamo, hecho que ya había acontecido infructuosamente durante los dos períodos presidenciales de Barack Obama, de quien el actual mandatario norteamericano era su vicepresidente.

Es lo más cerca que ha estado algún gobernante estadounidense al efecto, algo impuesto desde principios del siglo pasado y que se mantiene como una Espada de Damocles sobre la soberanía cubana.

Para nadie es un secreto que el Pentágono utiliza cualquier método inescrupuloso para imponer este tipo de enclaves en el mundo, como sucedió cuando desplazó a su aliado francés, y estableció bases militares en naciones africanas que habían sido colonias galas, mediante el manejo de regímenes espurios de un continente rico en recursos minerales, pero muy pobre población.

Algo similar ha estado sucediendo en nuestro continente, al que EE.UU. considera aún como su “patio trasero”, por lo que siempre, aunque varíe su discurso y método, trate de llevar a cabo la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Si con Trump adquirió ribetes bruscos, ahora, con Biden, se estima que utilizará recursos obamísticos, pero siempre para reforzar un “poder blando”, con el cual aspira a mantener su prepotencia y subvertir silenciosamente, con “sordina”, a los gobiernos que le son molestos.

Solo recuerdo un momento en que un gobierno suramericano se rebeló contra la presencia de una base militar norteamericana, a la cual hizo salir de su territorio: la de Manta, en Ecuador, con Rafael Correa como presidente.

Lo cierto es que EE.UU. está presente en Latinoamérica con más de 70 bases militares y en diversos acuerdos de seguridad bilaterales y multilaterales: Plan Colombia, Iniciativa Regional Andina, Iniciativa Mérida e Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica, entre otros pactos que incluyen programas de entrenamiento, cursos de capacitación, venta de armas y equipos.

En todo ello están involucradas las empresas proveedoras de esos materiales y las agencias de seguridad estadounidenses como la DEA, supuestamente para combatir el narcotráfico, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), hasta los gobiernos, empresas y policías de países latinoamericanos.

La razón de esta presencia es la “seguridad de Estados Unidos”, que implica, por definición, la seguridad y la “estabilidad” en territorios que podrían resultar una amenaza para EE.UU.

Ello no es nada nuevo, sino que se remonta a los ’60, cuando en un manual de entrenamiento norteamericano se leía que “la falta de estabilidad política y de orden socioeconómico en un país latinoamericano pone en jaque la seguridad nacional norteamericana. Por consiguiente, EE.UU. debe adoptar, en materia de entrenamiento y programas de ayuda militar, tácticas destinadas a evitar los riesgos de tal inestabilidad, mediante el desarrollo económico y la imposición del orden”.

Es así que la estabilidad es parte del discurso que opera como legitimador de las intervenciones, por encima de la soberanía de los estados.

Actualmente, en la página web del Comando Sur, se puede leer que uno de los objetivos de las operaciones UNITAS es “la continuación del compromiso con la región, orientado a estrechar el trabajo conjunto y preservar la estabilidad hemisférica”.

Claro que este trabajo conjunto se realiza con regímenes que no alteran los preceptos de Washington, como Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, así como Brasil, donde expertos norteamericanos adiestran en el campo del combate en la guerra electrónica, aérea y submarina, entre otros ejercicios conjuntos.

Los puntos de mira imperiales son, en menor o mayor medida, la gobernanza de naciones nada afines al Imperio, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina y México.

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