Corte Suprema, arma del gran capital

Recientemente comentamos cómo el presidente Donald Trump, independientemente de si es o no reelecto. ya ha contribuido a asegurar el futuro de quienes gobiernan realmente en Estados Unidos, al asegurar que la Corte Suprema, tanto a nivel nacional, como las de la mayoría de los estados, estén controladas por jueces conservadores.

Si se mantiene el estatus actual, seis de los nueve integrantes de la Corte Suprema obedecen a ese matiz reaccionario, lo que explica como esa máxima instancia judicial apoya todo tipo de medidas antiobreras, lo que se tornan aún más difícil, cuando el actual mandatario se las ha “arreglado” para que Estados Unidos sea el centro principal de la peligrosa pandemia del nuevo coronavirus.

Para que se vea cómo funciona tal órgano, Dalia Lithwick recuerda en su artículo titulado “Operating Instructions” que una decisión de la Corte Suprema rechazó la demanda colectiva de un millón y medio de mujeres empleadas y discriminadas en términos salariales y de promoción laboral por la cadena comercial Wal-Mart (principal empleador en Estados Unidos), y de paso puso severas limitaciones a cualquier tipo de demanda colectiva (class-action) que sea presentada en el futuro contra cualquier empresa. 

Lithwick resalta que la decisión adoptada por la mayoría conservadora expresa que Wal-Mart “no puede ser imputable por discriminaciones salariales y promociones” laborales, debido a la falta de “pruebas convincentes de una política de discriminación salarial y de promociones por parte de toda la compañía”, con lo cual proporcionó a todas las grandes empresas estadounidenses una guía virtual de cómo mejor discriminar.

Más aún, esta decisión no solo provee a los empleadores con esa “guía virtual”, sino que les permite en el futuro inmunizarse de cualquier reclamo legal por discriminación de género mediante una política empresarial escrita que deje en claro que ‘nosotros no discriminamos’, y un sistema de toma de decisiones que sea descentralizado.

Las decisiones de la Corte Suprema, en Estados Unidos y cualquier otro país, no solo tienen valor legal en los casos específicos, sino que constituyen el marco legal en el cual el resto de las empresas deben operar. El propósito de las demandas civiles no es solo reparar las pasadas injusticias, sino promover un mejor comportamiento en el futuro, en particular en situaciones en las cuales las partes tienen poderes muy desiguales. 

APRETANDO LAS TUERCAS

Y Lithwick resalta que cuando se eliminan las posibilidades de base de las demandas civiles, por definición se está ayudando a que las grandes empresas aprieten las tuercas sobre los pobres.

En este y otros casos –como los rechazos de la Corte Suprema a la demanda colectiva de consumidores contra la empresa telefónica AT&T, y de la demanda por fraude contra la financiera Janes Capital Group- la más alta instancia estadounidense sentó las bases para impedir que los consumidores se defiendan colectivamente: 

O sea, las grandes empresas están en capacidad de decidir por su propia voluntad cuales de los derechos civiles y protecciones a los consumidores quieren respetar, sabiendo de antemano que sus víctimas no tendrán medios efectivos para exigir reparaciones. 

Peor aún, no solo la mayoría conservadora radical de la Corte Suprema dañó la capacidad de los consumidores o empleados de buscar justicia, sino que removió efectivamente cualquier incentivo para que esas entidades se comporten respetando los límites legales. ¿Por qué actuar legalmente si sus víctimas carecen de recursos legales?

Dicho en otras palabras, ya están sentadas las bases para que se proclame e imponga un “régimen absolutista del gran capital”, y esta vez a nivel global.