Corrupción en Costa Rica: Chaves no es el Buscador de oro

Basado totalmente en hechos reales, El buscador de oro es la autobiografía de Cicia Zyke, nacido en el Marruecos que estaba colonizado por Francia, quien con una 38 en la pistolera, un coraje formidable y una total falta de escrúpulos, se lanza a la tarea de buscar oro en la salvaje península de Osa, Costa Rica, donde logra su cometido, pero tiene que abandonarlo ante la corruptela que comprende desde los simples policías hasta las más altas esferas políticas.

Esto ha sido una constante en la política tica, pero nunca había tantos ribetes como los que protagoniza el actual presidente, Rodrigo Chaves, quien ha llevado a encabezar protestas para exigir la renuncia del fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, quien lidera varias investigaciones contra Chaves y miembros de su gabinete.

La fiscalía general de Costa Rica lo acusa, junto al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, de corrupción en la contratación de una empresa que involucra al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Al mandatario y a su colaborador se les señala del delito de "concusión", sancionado con penas de entre 2 y 8 años de cárcel y dirigido a funcionarios públicos que obliguen o induzcan a alguien a dar o prometer. 

Chaves y su ministro desarrollaron un “plan delictivo” que permitió desviar 32 000 dólares para beneficio de un asesor amigo del mandatario, Federico Cruz. Esto fue parte de los 400 000 dólares aportados en el 2022 por el BCIE para un contrato por servicios de comunicación para la empresa de un publicista que ahora es testigo clave del caso, Christian Bulgarelli. 

Los cuestionamientos comenzaron cuando se publicaron polémicos audios que ese año grabó en el despacho presidencial la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro. “Me gustaría ver el contrato porque también tengo un montón de antojos”, se escucha decir al presidente Chaves en esos archivos.

Esta misma semana, se publicó un video grabado en marzo en un restaurante de San José, donde Bulgarelli comía con su pareja cuando llegó Chaves acompañado por su principal diputada, Pilar Cisneros, y por escoltas de seguridad. En la imagen, se ve cuando el presidente se acerca a la mesa del publicista y lo encara antes de que los guardias intervengan para tranquilizar al testigo del caso judicial. “Se llenó de ratas este restaurante”, habría dicho Chaves al ver a Bulgarelli, según publicó la prensa local basada en el expediente.

OTRO EMBROLLO 

Pero también Chaves enfrenta un nuevo embrollo judicial, tras conocerse la segunda acusación penal que han presentado contra él y seis colaboradores suyos la fiscalía general de la República, en esta ocasión por esquemas ilegales de financiamiento en la campaña electoral que lo llevó al poder en el 2022.

Chaves, su ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, y el vicepresidente Stephan Brunner, participaron de estructuras ajenas a los controles del Tribunal Supremo de Elecciones. Así, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión de llamar a juicio y pedir a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de Chaves, cuyo mandato acaba en mayo del 2026 y no puede optar por la reelección.

En la causación figuran también cuatro diputaciones del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) utilizado por Chaves para su candidatura presidencial. Entre ellas está Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista y principal vocera del mandatario en asuntos electorales, quien calificó la acusación como un nuevo intento del fiscal general, Carlo Díaz, de afectar los intereses del movimiento ‘chavista’ en las elecciones de febrero 2026, donde el partido oficialista busca revalidar su poder.

Ante el silencio de la Presidencia de la República en la jornada del lunes, la reacción de Cisneros apunta a mantener la confrontación del oficialismo con el Poder Judicial, en línea con constantes críticas de Chaves contra fiscales, jueces, magistrados e investigadores judiciales, y con la manifestación que él lideró en marzo con seguidores suyos para exigir la renuncia de Carlo Díaz.

En esa campaña, Chaves fue parte de dos estructuras paralelas que conformaron un “esquema oscuro” de financiamiento, según señaló el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en un informe del 2022 que fue utilizado por la Fiscalía para la investigación en sede judicial; se calcula que por esos cauces se movieron medio millón de dólares.

“Existen suficientes elementos de convicción para sostener, en el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que los imputados son autores de los delitos contemplados”, dice la Fiscalía en referencia a tres artículos del Código Electoral, entre los cuales se establece una pena máxima de seis años de cárcel.

El Código Electoral ordena que toda contribución privada a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, recordó la Fiscalía.

La batalla retórica que viene desde hace más de un año tiene ahora combustible adicional y podría aumentar si prosperan otras investigaciones penales contra Chaves, quien, según encuestas, tiene una popularidad del 54%.

 “No sé si querrán fusilarme, pero quieren callarme, amordazarme, amedrentarme, encarcelarme”, dijo en un mitin en Atenas, un pueblo a 40 kilómetros de San José. En él, se comparó con un prócer del siglo XIX llamado Juanito Mora, quien fue fusilado por tropas gubernamentales después de que batalló contra ejércitos privados estadounidenses llamados “filibusteros”, la palabra que Chaves usa ahora contra quienes considera enemigos internos.

Pero Chaves no tiene la audacia del Buscador de Oro.