Cambio climático: Contra el capitalismo neoliberal

Quizás una de las pocas buenas noticias relacionadas con el medio ambiente es la decisión de Estados Unidos –el principal país contaminador- de reincorporase al acuerdo sobre el particular de París, recomponiendo una de las tantas cosas mal hechas de su antecesor, Donald Trump, de abandonarlo, tal como hizo con otros convenios que tienden a aliviar la situación en general del planeta.

Otra buena noticia es que, sin abandonar los acápites comprendidos en el acuerdo y pese a la pandemia de la Covid-19 y la guerra comercial que le hace Estados Unidos, la República Popular China prosiguió su crecimiento económico, aunque más modestamente.

La mala noticia es que el mal del nuevo coronavirus se sigue extendiendo e incrementando, al descuidarse normas elementales de protección y esperar por una vacuna protectora, más al alcance de los países desarrollados.

Asimismo, algunos países europeos están usando la pandemia para relajar sus políticas de protección al medioambiente, lo cual ha sido calificado de irracional, irresponsable y peligroso.

No es la primera vez que sucede desde que apareció la enfermedad, porque ya otros gobiernos habían anunciado la disminución de las normativas ambientales.

Ello conlleva a la desprotección de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables, porque el cambio climático aumenta el riesgo de futuras pandemias, al provocar la deforestación, la agricultura industrial y el comercio ilegal de vida silvestre.

Al respecto, Naciones Unidas criticó las decisiones políticas, porque darán seguramente lugar a un deterioro acelerado del medio ambiente y repercutirán negativamente en una amplia gama de derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, el agua, la cultura y la alimentación, así como el derecho a vivir en un entorno saludable.

Y es que tal y como indican las evidencias científicas, las personas que habitan en zonas con mayores niveles de contaminación atmosférica, sufren un mayor riesgo de muerte prematura a causa de la COVID-19. Del mismo modo, el acceso al agua limpia es esencial para evitar que las personas contraigan y propaguen el virus.

Cierto que el combate a la pandemia se destaca como hecho prioritario, pero para paliar sus nefastas consecuencias, los gobiernos deben reorientar el gasto público para iniciar una reconversión ecológica de la industria y crear nuevos empleos que cubran necesidades sociales y/o medioambientales que deben expandirse en la salud, la educación, el ocio y la cultura, con atención a la tercera edad y la infancia.

El coste de no actuar frente al cambio climático se estima en pérdidas del Producto Interno Bruto mundial entre el 5% y el 20%. Se necesitan potentísimas inversiones públicas para modificar en profundidad los sistemas de movilidad imperantes. Para ello se debe hacer una crítica demoledora al modelo de crecimiento, que ha dejado a millones de trabajadores endeudados y en el paro, y a una pequeña minoría con los bolsillos bien llenos.

Se trata de iniciar una reconversión basada en una nueva cultura del “buen vivir” al alcance de todos y reconciliable con el planeta, abandonando modelos importados y superando la tiranía de la sociedad de consumo. Pero la potenciación de la investigación y la aplicación de nuevas fuentes energéticas limpias juegan un papel estratégico en la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hoy el lobby nuclear vuelve a la carga, defendiendo esta forma de energía tan peligrosa como económicamente ruinosa para los bolsillos de los usuarios y contribuyentes. Es imposible sustituir los combustibles fósiles por producción de energía nuclear. Esta fuente sólo cubre entre el 3% y el 4% de la energía que consume el planeta.

La única forma de reducir la dependencia de los combustibles fósiles es desarrollar energías alternativas directa o indirectamente relacionadas con esa megacentral energética, gratuita, duradera y segura que se llama Sol.

Pero el desarrollo de las energías alternativas tiene que hacerse creando un verdadero servicio público energético con gestión democrática y transparente, algo imposible mientras una gran parte del mundo esté controlado por el capitalismo neoliberal.