Ante la agresiva derecha: Castillo, resistente y porfiado

Desde que asumió la Presidencia peruana en julio del 2021, Pedro Castillo, un profesor de primaria y dirigente sindical, se ha enfrentado a muchos intentos de la oposición en el Parlamento para destituirlo, ahora matizado con acusaciones de la Fiscal de la Nación que lleva cinco de seis procesos en su contra, con el involucramiento de su familia, todo en colusión con un legislativo mayormente reaccionario, lo cual nunca antes había sucedido con otros mandatarios, quienes, al finalizar sus períodos, fueron procesados y encarcelados por diversos delitos.

Asimismo, ningún presidente de la región ha tenido que enfrentarse, día tras día, a medios de comunicación tan belicosos en su contra como los peruanos, que están reclamando una "salida rápida" de su administración.
Castillo, quien había prometido reformar la Constitución y luchar contra la corrupción –impedido por el adverso Congreso y la servil judicatura-- ha asegurado que no tiene nada que ver con actos irregulares y prometido luchar hasta el final contra las fuerzas golpistas.

“No me voy a desligar de este pueblo que por siglos reclama justicia”, dijo este miércoles el mandatario ante dirigentes de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, organizaciones tradicionales de seguridad comunitaria, que lo visitaron en el Palacio de Gobierno y les dieron su apoyo frente a los actos hostiles promovidos por la derecha.

Lamentó que la oposición en el Parlamento haya rechazado todas sus ofertas de diálogo —destinado a buscar un consenso entre ambos poderes para trabajar a favor del país—, y denunció que el ente legislativo tiene otra agenda que, aunque golpea seriamente a su familia, no va a quebrarlo y no impedirá que siga trabajando por un país con igualdades.

A pesar del poder que ofrece la Constitución peruana al Congreso, y que ha sido artífice del 'impeachment' a varios presidentes en la historia reciente, Pedro Castillo hasta ahora ha logrado sortear dos acusaciones de vacancia, además de todos los intentos ejecutados por diversos sectores políticos para impulsar su renuncia o derrocamiento.

Ahora está en curso el tercer intento por medio de acusación de la Fiscalía en el Congreso, señalado como, una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú utilizando políticamente al Ministerio Público, con el fin de hacer creer que Castillo lidera una red criminal.

SIN RAZÓN APARENTE

La derecha legislativa peruana apenas ha aprobado cinco de los más de 50 proyectos gubernamentales, y rechazado un posible referendo constitucional y que se moleste a los oligopolios y monopolios que dominan el panorama económico y financiero del país suramericano.

Así que, salvo algunas que otras andanzas del mandatario para favorecer al pueblo, mediante organizaciones sociales, el Parlamento ha casi condenado al ostracismo al Presidente e impedido que represente a Perú en eventos internacionales fuera del país.

Y precisamente, en esa parafernalia vengativa se podría encontrar el meollo de tanto odio, porque le han amarrado las manos en lo que respecta a cualquier plan de transformación radical y políticas que atenten contra los privilegiados.

Según Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, "la razón principal es que proviene del campo". "Es profesor de la escuela rural y a ellos les parece muy mal que esta persona, de este estrato social, acceda a la Presidencia de la República", añadió. 

Desde el primer momento, Castillo fue vejado y burlado por el uso de su sombrero, por su procedencia humilde, por su profesión y su militancia gremial. 

La desestabilización que ha venido emergiendo y las acusaciones que ha sufrido, incluso antes de que llegara al poder, hacen pensar que el premier, quien ubica en la ciudad de Lima el núcleo de segregación de odio contra el Presidente, podría tener la razón. 

PATRICIA AL DESNUDO

Lo más reciente contra Castillo, la acusación emanada desde la Fiscalía de la Nación, ha demostrado una colusión entre su jefa, Patricia Benavides, y la derecha controladora del Congreso.

La titular del Ministerio Público imputó al jefe de Estado los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y por el caso de empresa estatal, los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias agravado.

Pero los abogados de congresistas progresistas han señalado que  “la Fiscal de la Nación, extralimitándose a esas facultades constitucionales, ha emitido un pronunciamiento, en este caso acusar al presidente por aquello que no permite la Constitución. Está violando flagrantemente un artículo constitucional y eso se llama prevaricato”.

Los delitos por los que se acusa injustamente al Presidente, subrayó, son organización criminal, encubrimiento personal, y obstrucción a la justicia.

Un jefe de Estado sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, congresales, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, o por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Benavides ya ha sido señalada por otros delitos que la mayor parte de los medios callan.

Tras haber sido obligados a dimitir dos anteriores fiscales generales que trataron de presentar denuncias de corrupción contra delincuentes de “cuello blanco”, la susodicha fue elegida por los 34 integrantes de la curia judicial y, en menos de un día destituyó a una jueza que tenía 41 años de ejercer el cargo, por atreverse a procesar a una hermana de la ahora fiscal relacionada con el tráfico de drogas.

En esa línea, Benavides debilitó la acción del Ministerio Público, al cambiar a Bersabeth Revilla, encargada de investigar a la jueza superior Enma Benavides, hermana de la titular, por los delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir.

Pero eso no es todo: en la demanda también se señala que Benavides sería integrante de una organización criminal junto con su hermana Enma, además de los jueces Lorenzo Ilave García y María Apaza Panuera. Del mismo modo, la Fiscal de la Nación, utilizó su alto cargo para interferir en las investigaciones.

Benavides infringió, además, el artículo 159 del Código Procesal Penal concordante con el artículo 47,8 de la Ley de Carrera Fiscal, el cual señala “no ejercer una influencia ante otros fiscales en causas que investigan o tramitan en el marco de sus competencias”.

La torpeza de Benavides es tal -aunque avalada por los demás fiscales- que hasta el periodista de pasado ultraizquierdista y enemigo de Castillo, César Hildebrandt, admitió que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha construido un alegato que no demostrará que Castillo había incurrido en encubrimiento y obstrucción de la justicia.

“La fiscal Benavides ha optado por la oscuridad. He leído algunas de sus páginas más significativas y lo que encuentro es una sucesión de decires que provienen de gente sometida a prisión y ansiosa por obtener indulgencias procesales. 

“La Fiscalía ha ensuciado el juicio constitucional que merece el señor Castillo con una retahíla de delaciones zurcidas que en muchos casos plantean escenarios inverosímiles y contradictorios”, lamentó el periodista, quien podría estar en ese grupo de seres que, como el escritor Mario Vargas Llosa, estuvieron alguna vez al lado del pueblo y hoy conspiran contra él.