Lula fue trasladado al recinto policial de la capital paranaense el 7 de abril último desde la sede del Sindicato de los Metalúrgicos en el ABC paulista, donde permaneció durante casi 48 horas resguardado por miles de manifestantes que incluso frustraron su primera tentativa de ponerse en manos de la justicia.

Dos días antes, el juez federal Sergio Moro ordenó sorpresivamente, y sin agotarse siquiera los recursos de apelación en segunda instancia, su encarcelamiento para comenzar a cumplir una pena de 12 años y un mes decretada en enero de este año por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), de Porto Alegre.

La condena, insisten los abogados de la defensa del ex dignatario, no es solo injusta, sino también resultante de un proceso judicial marcado desde su inicio por "groseras nulidades" y en el transcurso del cual no se mostró una sola prueba de la presunta culpabilidad de Lula, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Acompañado desde el momento de su encierro por centenares de militantes e integrantes de movimientos sociales y populares que llevan adelante la vigilia Lula Libre, en su primera manifestación pública, el 16 de abril, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó que "como todo inocente estoy tranquilo, pero indignado".

En su mensaje a los participantes de la acción solidaria y de respaldo, Lula manifestó además que continuaba desafiando a (la operación anticorrupción) Lava Jato, al Ministerio Público, al juez Sergio Moro y al tribunal de segunda instancia (TRF-4) a probar los delitos que se le imputan.

Dos días después, en un segundo comunicado, sostuvo que "por ustedes valió la pena nacer y por ustedes valdrá la pena morir".

En una resolución aprobada en la propia ciudad de Curitiba, la dirección nacional del PT reafirmó que Luiz Inácio Lula da Silva continúa siendo su aspirante a la Presidencia de la República y que registrará su candidatura el próximo 15 de agosto.

La prisión inconstitucional de Lula, su condena sin pruebas por jueces parciales, y la negativa de la quinta sala del Superior Tribunal de Justicia y de la mayoría del Supremo Tribunal Federal de asegurarle el derecho de recurrir en libertad constituyen la mayor violencia contra un líder nacional desde la redemocratización, sostuvo el PT.

Durante su primer mes de encierro, el ex mandatario fue privado por la jueza federal de Paraná Carolina Lebbos de recibir al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y al teólogo Leonardo Boff, quienes solicitaron hacerle una visita de carácter humanitario y de asistencia religiosa.

Lebbos negó otras 25 solicitudes para visitar a Lula, incluida la presentada por la depuesta presidenta constitucional Dilma Rousseff, y también prohibió a una comisión externa de la Cámara de Diputados inspeccionar las condiciones en que cumple condena el ex dignatario, en franca violación de la Constitución de la República.