Boluarte, protectora de asesinos

Dina Boluarte ha “dejado chiquito” a su par paraguayo, Santiago Peña, en su publicitado combate a la delincuencia al abogar por la pena de muerte, lanzar a soldados y policías a las calles para una labor “profiláctica” -dice que es al estilo del salvadoreño Bukele-, mientras aprovecha la mayoría derechista del Congreso para burlarse de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y decretar la amnistía a militares y paramilitares culpables de asesinatos durante la más reciente lucha guerrillera.

Así, se beneficia a los militares, policías y miembros de los denominados Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la guerra que enfrentó al Estado peruano y las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.

En un acto solemne en el Palacio de Gobierno de Lima, en el que estuvo acompañada por los diputados que promovieron su aprobación y de altas autoridades, Boluarte firmó la espuria ley que, dijo, hace "justicia" y "honra" a quienes lucharon contra el "terrorismo".

La ley desató la indignación de los familiares de las víctimas, porque premia a los violadores de derechos humanos y cierra las investigaciones aún en curso, como      denunció Gisela Ortiz, portavoz de las víctimas de la matanza de La Cantuta de 1992, en la que miembros del servicio de inteligencia y de la Policía secuestraron y asesinaron a diez personas en una universidad de los alrededores de Lima.

Teófila Ochoa, sobreviviente de la masacre de 69 personas de una comunidad indígena perpetrada por una patrulla militar en Accomarca en agosto de 1985, dijo que le "duele como peruana" que se aprueben leyes para que "sean libres los asesinos que han quemado, matado y violado a nuestros familiares".

Tania Pariona, de la Coordinadora de Derechos Humanos, una organización local, le dijo a BBC Mundo que "la amnistía busca imponer una política de olvido forzoso sobre los hechos ocurridos entre 1980 y 2000, cuando hay familias que llevan décadas esperando a recibir justicia".

Recordemos que en julio expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtieron que la aprobación de la amnistía pondría al Estado peruano "en claro incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional", cuyas normas "prohíben amnistías o indultos por crímenes tan graves".

Y la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, requirió al Estado peruano que suspendiera la tramitación de la polémica ley hasta que el tribunal regional analice cómo afecta su contenido a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de las más destacadas de aquellos años y por los que fue condenado el entonces presidente Alberto Fujimori.

El conflicto peruano dejó cerca de 70 000 muertos, un gran parte causados por agentes del Estado, según estimó el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Entre los potenciales beneficiados por la medida están mandos militares que han eludido la acción de la justicia, como el general José Valdivia Dueñas, que mandaba las fuerzas que en mayo de 1988 acabaron con la vida de 29 personas en Cayara, Ayacucho.

Otros, como Santiago Martín Rivas, encarcelado por liderar el llamado Grupo Colina, el comando que perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, sale de prisión sin haber cumplido su condena ni indemnizado a las víctimas.

Otro que será liberado es Telmo Hurtado, un exmilitar conocido como el "Carnicero de los Andes", condenado en el 2016 a 23 años de cárcel por dirigir la matanza de Accomarca.

"No hay una cifra oficial, pero tenemos certeza de por lo menos 156 casos con sentencia firme y 600 en proceso que quedarían cancelados", dijo Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

PROMOTORES

La ley de Amnistía fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Fujimori, condenado por crímenes contra los derechos humanos y delitos de corrupción cometidos durante su mandato.

Otros congresistas de derecha votaron a favor, entre ellos el almirante retirado Jorge Montoya, quien redactó el proyecto y se quejó porque “más de 1 200 familias” de policías y militares han “sufrido” durante años las llamadas de la Fiscalía a sus seres queridos.

El fujimorista Fernando Rospigliosi, defensor de la ley, dijo que con ella se hace justicia a "quienes con coraje y amor a la patria" se enfrentaron al "terrorismo".
Por otra parte, el detestado Congreso eligió como su nuevo presidente a José Jeri, muy cercano a Boluarte, afirman, quien llega al cargo con procesos por violación y corrupción.

En total, Jerí afronta siete procesos en curso, mientras asume la presidencia de la Mesa Directiva.

Esta victoria fue posible gracias a la alianza de las bancadas Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Acción Popular, grupos parlamentarios señalados y criticados por blindar y sostener en el poder a la presidenta Dina Boluarte en distintas ocasiones.