El águila imperial acecha la justicia latinoamericana

Las últimas fechorías gestionadas desde el Departamento de Estado, comandado por Mr. Rubio, se han centrado en desacreditar e incluso, sancionar a países de la Región, donde sus sistemas judiciales decidieron juzgar a amigos del gobierno norteño. 

Con particular ruido mediático trascienden recientemente los casos de Colombia y Brasil, aunque hay que mencionar a Argentina, así como la aplicación del llamado lawfare, o politización de la justicia, contra ex mandatarios con posturas “incomodas” o confrontativas, para Washington.

Ahora el mandatario Trump acusa a Brasil de “amenaza extraordinaria a la seguridad nacional” y decreta un incremento al 50% de los aranceles, molesto con el avance que tiene el proceso penal contra el ex mandatario carioca Jair Bolsonaro. De paso, también fue sancionado Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal, principal responsable en la investigación y supervisión del juicio contra el expresidente. 

Bolsonaro, miembro destacado de la ultra derecha latinoamericana, es señalado como el gestor del así denominado “Puñal Verde Amarillo”, plan para evitar el ascenso de Lula al gobierno en 2023, que incluía su eventual asesinato por envenenamiento.

Paradójicamente, en Washington aplaudieron cuando Lula sufrió encarcelamiento enmarcado en el llamado lawfare, o politización de la justicia, para sacarlo del juego político electoral con un proceso amañado, conducido por el juez Sergio Moro, que en pago fue nombrado por Bolsonaro ministro de Justicia y Seguridad, y que terminó sus días como funcionario público envuelto en varios escándalos. 

Con parecido tenor, también Colombia está bajo amenaza de represalias, al ser juzgado uno de los más connotados referentes políticos de la derecha vernácula, el ex mandatario Álvaro Uribe, quien parece detentar todavía algún nivel de liderazgo en estas fuerzas, tenidas como ejemplo de alianza subordinada a sucesivos gobiernos estadounidenses. 

Como quien pone las barbas en remojo cuando ve las del vecino arder, apareció un listado de 28 ex mandatarios, en su mayoría  latinoamericanos, todos prominentes miembros de la derecha tradicional, que baten alas contra el juicio al ex presidente colombiano. 

Uribe, quien gobernó entre el 2002 y el 2010, participó en posibles delitos por sus relaciones con grupos paramilitares, autorizó los llamados falsos positivos, en virtud de los cuales se falseaba la identidad de civiles asesinados por las fuerzas represivas, pasándolas por guerrilleros, e incluso el empleo de escuchas ilegales de adversarios políticos y periodistas. No se excluyen probables vínculos con el narco tráfico, desde los turbulentos años 80/90 del pasado siglo.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de estas acusaciones, Uribe termina sancionado por otras razones, más leves si se quiere admitir el término y que recuerda aquella historia del mafioso estadounidense Al Capone, asesino serial condenado solo por evadir impuestos.

Una vez la jueza colombiana encargada, Sandra Heredia, emitió su veredicto condenatorio, enviando a un régimen de cárcel domiciliaria al ex mandatario Uribe, por 12 años, el secretario de estado Marco Rubio, saltó de su asiento en el despacho ubicado en el 2201 C Street NW, Washington, sede del Departamento de Estado, para vociferar contra el fallo en cuestión, calificando solemnemente al condenado de “colombiano ejemplar”. 

Desde luego, que Mr. Rubio puede tener muchas motivaciones ideológicas para actuar así, aunque es recomendable no olvidar a su cuñado, el ex narco Orlando Cicilia, condenado por el tráfico de estupefacientes con una conexión colombiana. Un Uribe acorralado y sin solidaridad de Mr. Rubio, ¿podría sacar a flote esta historia que le involucra?, es lo que se preguntan medios de prensa colombianos alternativos. 

El empleo del lawfare contra dirigentes del progresismo latinoamericano, promovido por las embajadas estadounidenses, forma parte del inabarcable rosario de agresiones y flagrante intromisión de los EEUU, en los sistemas judiciales de la Región. El peligro de que se aplique este procedimiento actúa como amenaza adicional, al estilo espada de Damocles, sobre líderes de izquierda y progresistas de la Región.

De estudio ha sido el caso de Rafael Correa, a quien tras el correspondiente linchamiento mediático, fue condenado en ausencia, violándose los procedimientos establecidos y con ello, excluido arbitrariamente de participar en próximas elecciones. 

Algo que desborda el absurdo es intentar condenar a presidentes en funciones, siendo Nicolás Maduro el más emblemático, con independencia de que sobran las causas políticas que empujan o usan como pretexto los EEUU, para esta guerra sin cuartel contra el chavismo.

Pero es realmente delirante, no dígase inútil, implicar a Maduro en un proceso penal por narco tráfico. En el afán de desprestigiar y eventualmente aislar al líder venezolano, Mr. Rubio subió la recompensa para quien encuentre al líder venezolano, como si anduviera clandestino o fuera viable su captura. 

De la condena a la ex presidenta Cristina Fernández (CFK), se ha hablado mucho pero no suficiente. Evidente referente político para una parte del electorado argentino, y por ello con enorme potencial ante la debacle del actual gobierno de ese país, a CFK se le trató de asesinar sin éxito, por lo que procedieron a su aniquilación judicial sin merito ni pruebas para ello.

Y claro, el caso de la exmandataria no escapó al tutelaje estadounidense, y para colmo, el embajador designado por Trump, el cubano americano Peter Lamela, expresó públicamente con sus palabras nada diplomáticas, su objetivo de encerrar para siempre a CFK.  

Se conoce que se inició una movilización continental para sumar voluntades y convertir la más inmediata liberación de CFK en una causa política justa, donde no puede faltar la denuncia del turbio involucramiento gringo. Seguramente la historia y los pueblos la absolverán.

Decirles a los jueces de un  tercer país como deben funcionar, constituye una flagrante violación de la soberanía del país afectado. Supone desconocer lo establecido sobre la independencia de los sistemas judiciales; tal los casos de los artículos 2, 95 y 99 de la Constitución brasileña; el 113, 228, 230, 254 y 255 de la colombiana y el 110, 115 y 116 de la argentina. Y este principio de independencia de poderes es para ser respetada por las autoridades locales, y en especial por las extranjeras.

En perspectiva, con esta política EEUU tiene otra vía para incidir en el derrotero de la política de sus vecinos, al sur del Rio Bravo. No bastan los métodos de cambio de régimen, insuficiente según ellos la manipulación de fuerzas políticas, las estructuras militares, y la influencia cultural; también hay que depredar donde se ejerce justicia, enviando arbitrariamente a la cárcel a adversarios, tratando de proteger y de salvar a sus aliados.

En esta ya larga historia, el motivo más socorrido por EEUU ha sido el enfrentamiento al narcotráfico, donde inexplicablemente los culpables son únicamente los carteles y bandidos de apellido latinoamericano, y nunca aparecen sus homólogos o socios estadounidenses, desafiando el sentido común dado que los volúmenes de droga, armamento y de utilidades generadas necesariamente requieren de estructuras organizadas, propias, en tierras estadounidenses.

La guerra contra los narcos y como los Estados Unidos la han desarrollado merecen ríos de tinta digital, pero también es pertinente asociarla al tema específico de la intromisión en la justicia latinoamericana.

El pretexto de que los juicios en la Región no condenan a quien debe sancionarse, se ha utilizado para todo tipo de tropelías, incluido la “certificación” a los países sancionables, presiones sobre el sistema judicial para conseguir la extradición hacia Estados Unidos de culpables de particular interés, llegando a extremos como la invasión militar, como ocurrió en 1989 contra Panamá, para apresar al ex mandatario Manuel Noriega, con un saldo de más de 2000 civiles asesinados. 

Las políticas coercitivas para imponer los intereses estadounidenses en el ámbito de la justicia, constituyen un capítulo más del hábito del águila imperial, con tufillo a doctrina Monroe, a meter el pico a donde nadie la invitó, olvidando que más que nunca, aquí está el cóndor de los Andes, en vigilia, encargado de preservar la independencia de Nuestra América.