Comicios que llegan con «maraña» en Guatemala

Quien estudie los acontecimientos en torno a las campañas electorales de los próximos comicios presidenciales en Latinoamérica, observará el empuje de la derecha para mantenerse en el poder o recobrar el terreno perdido y eliminar intentos precarios de que se respete la voluntad popular.

Así, Guatemala vuelve a ser un ejemplo de las dificultades que se presentan para hacer unos comicios libres, como ha pasado anteriormente en dos consultas, en las que los candidatos que lograron clasificar en segundo lugar —Jimmy Morales y el actual presidente, Alejandro Giammattei— utilizaron todo tipo de triquiñuelas para vencer a la ganadora de la primera vuelta en ambos casos, Sandra Torres, quien se vuelve a presentar por tercera vez.

Lo más deleznable es que las autoridades electorales han eliminado a los binomios presidenciales que encabezaban las encuestas y tenían un cierto programa de trabajo que preocupaba a la oligarquía local.

Lo cierto es que Guatemala cierra los procesos de renovación presidencial en toda Centroamérica tras las elecciones de Nicaragua (2016), Honduras (2017), Costa Rica (2018), El Salvador y Panamá (2019).

Unos ocho millones de guatemaltecos deben elegir entre 23 candidatos, la mayor cifra de aspirantes a la presidencia desde 1986, clara muestra de fragmentación política. Además de presidente y vicepresidente, habrá que elegir 160 diputados para el Congreso, 340 alcaldías y corporaciones municipales, y 20 diputados para el Parlamento Centroamericano. La segunda vuelta presidencial será el 11 de agosto, si ningún candidato alcanza el 50% de los votos.

Desde hace casi 70 años, ningún partido de izquierda ha gobernado el país. Entre 1945 y 1954 hubo dos gobiernos revolucionarios: el de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, que implementaron el seguro social, derechos de los trabajadores, e impulsaron una reforma agraria, pero que terminaron con un golpe de Estado ordenado por el imperialismo norteamericano.

Tras una serie de gobiernos militares de derecha y una guerra civil de 36 años (1960-1996), con el regreso del país a la llamada democracia representativa en 1986, la tendencia conservadora solo ha sido brevemente interrumpida dos veces por dos gobiernos socialdemócratas centristas en 1986 y 2008.

Los aspirantes

De acuerdo con información oficial del TSE, se tenían registrados 30 partidos políticos en funcionamiento, de los cuales siete no participarán en la elección presidencial. Sin embargo, tres agrupaciones presentaron candidatos, pero por diversas razones no se concretó su inscripción.

Hasta el momento, el TSE confirma que en las elecciones de junio habrá 23 parejas presidenciales en la papeleta. Sin embargo, esa cifra podría variar de acuerdo a acciones legales que fueron emprendidas por los partidos a los cuales les negaron la inscripción de sus candidatos.

Según los registros, los binomios son: Valor-Unionista: Sur Ríos y Héctor Cifuentes; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE): Sandra Torres y Romeo Guerra; Partido Azul: Isaac Carchi y Ulises Saldaña; Cabal: Edmund Muleta y Máximo Santa Cruz; y TODOS: Ricardo Sagastume y Mario González.

Además, VAMOS: Manuel Conde y Luis Suárez; Humanista: Radio Mérida y Rubén Rosales; Partido Republicano: Rafael Espada y Arturo Herrador; Partido de Integración Nacional (PIN): Luis Lam y Otto Marroquín; VICTORIA: Amílcar Rivera Estévez y Hugo Mazariegos; y Nosotros: Rudy Guzmán y Diego González.

También Movimiento Semilla: Bernardo Arévalo y Karin Herrera; Unión Republicana: Giulio Tala Monti y Óscar Barrientos; Comunidad Elefante: Hugo Peña Medina y Hugo Johnson; Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz): Amílcar Pop y Mónica Enríquez; Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación): Samuel Morales y Miguel Morir; Prosperidad Ciudadana (PC): Carlos Pineda y Efraín Orozco; y Visión con Valores (Viva): Armando Castillo y Edgar Gris Olía.

Finalmente, Bienestar Nacional (Bien): Giovanni Reyes y Óscar Figueroa; Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS): Manuel Villacorta y Jorge García; Cambio: Álvaro Trujillo y Miguel Ibarra; Compromiso, Renovación y Orden (CREO): Francisco Arredondo y Francisco Bermúdez; Mi Familia: Julio Rivera Clavería y José Urrutia.

En esta amalgama, apenas tres entes presentan programas considerados progresistas, y el resto, no.

Precisamente, partidos que encabezaban la preferencia electoral, como Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP): Telma Cabrera y Jordán Rodas, y Podemos: Roberto Arzú García-Granados y David Pineda, fueron impugnados por la «justicia» electoral.

La población guatemalteca podrá elegir entre una variedad de partidos políticos que caminan mayoritariamente bajo una tendencia de derecha: son 19 binomios políticos frente a tres considerados de izquierda o progresistas.

Eliminados hasta ahora los candidatos progresistas, los tres con más respaldo son precisamente del lado más conservador del espectro: la ex primera dama —ya mencionada— Sandra Torres, el exdiplomático Edmund Muleta y Sury Ríos Sosa, hija del exdictador fallecido Efraín Ríos Montt. Centraron sus propuestas de campaña en ofrecer una política de mano dura, como la estrategia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Por el lado de izquierda o de liderazgos progresistas, hay tres opciones: el movimiento Semilla, la coalición del URNG-Maíz con el Movimiento Político Dina y el partido VOS. Estas propuestas abogan por luchas frontales anticorrupción, por la defensa de los derechos de grupos vulnerables y poblaciones indígenas, el fortalecimiento de la democracia y el reconocimiento de un país plural.

A su vez, el MLP destacó que «la no inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas por el Registro de Ciudadanos (RC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue arbitraria e ilegal, la cual supone estuvo dirigida desde los sectores de poder que no quieren democratizar el país».

De todas maneras, ambos partidos están pendientes de que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se resuelvan las acciones de amparo que fueron solicitadas, para revertir las decisiones del Registro de Ciudadanos (RC) y TSE, respectivamente, con las cuales se negó la inscripción de las dos parejas presidenciales. Pero falta muy poco para la cita electoral.

Conclusión

Estas elecciones se han convertido en un buen retrato de la historia político-electoral de Guatemala desde hace más de tres décadas. El país carece de un sistema de partidos estable, y sufre una elevada fragmentación partidista y desafección ciudadana.

Junto con la corrupción, la inseguridad ciudadana es el otro gran tema de campaña. Pese a la caída de los índices de inseguridad, el número de asaltos, robos, extorsiones y asesinatos hacen de Guatemala uno de los países más inseguros de la región, con una creciente penetración de los cárteles del narcotráfico, que han logrado cierto control territorial en zonas como el Petén, y capacidad de cooptar poderes locales y nacionales. Esta situación condujo al país, ya desde la década pasada, a inclinarse por una candidatura u otra tomando como eje la inseguridad. En 2007 respaldó la propuesta de «mano blanda» de Colom, y en 2011 la «mano dura» de Pérez Molina. Sin embargo, en 2015 fue la corrupción la que acaparó la atención ciudadana. En esta campaña las ofertas han ido por caminos similares con candidatos que negaban, incluso, que los delincuentes tuvieran derechos humanos (Amílcar Rivera) o que prometían pena de muerte y trabajos forzados a los mareros (Ríos y Arzú).

De lo que menos se ha discutido es de las reformas estructurales necesarias para modernizar la economía —un 69% trabaja en la informalidad— y encarar los retos sociales. Guatemala tiene altos niveles de pobreza (un 59,3%), un millón de niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica o retraso en el crecimiento, y es uno de los países más desiguales.

La economía tiene graves déficits en infraestructuras (con menos del 1% del PIB, la inversión pública en capital físico es una de las más bajas de América Latina) y se caracteriza por su ineficiencia para ofrecer seguridad y servicios públicos de excelencia: carece de suficiente financiación (la carga tributaria ronda el 13% del PIB) y se ve lastrado por la corrupción, el clientelismo y un cuerpo de funcionarios mal pagados y con baja formación.