Colombia: Paramilitarismo en ascenso

Hechos recientes en Colombia revelan que el gobierno de Iván Duque ha apostado por la vía paramilitar para eliminar cualquier foco de oposición, sembrar el terror entre las familias indígenas y campesinas, y vehículo de apoyo a cualquier sedición contrarrevolucionaria contra la vecina Venezuela.

Así lo demuestra la matanza de familias de líderes sociales en la región del Cauca, donde la población aborigen se mueve en un verdadero campo de tiro, sin que autoridad alguna haga algo al respecto.

Duque vuelve a emplear el terror para silenciar a cualquiera que se le oponga, regresando a los diversos métodos utilizados por esta modalidad represiva, surgida en la época de los ’60.

Y es que el paramilitarismo ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, la organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la fuerza pública.

A ello habría que agregar el descabezamiento de cualquier intento de actividad de resistencia, incluso de simple subsistencia, en las empobrecidas y abandonadas zonas campesinas e indígenas.

En tal sentido son diferenciables tres modelos de acción: a) El involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente, como es lo que ocurre ahora.

También se ha constatado la contratación de mercenarios extranjeros por sectores económicos y altas autoridades del Estado, los cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.

Ha sido habitual la intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

Respecto de su relación con la fuerza pública se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del Estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.

Tal es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos del departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cuasina.

Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la fuerza pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.

Desde 1983, la Procuraduría General de la Nación señaló la participación de personal de las fuerzas militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.

Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras, y por estos días se centran en el Cauca con una tipología de acción enmarcada en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, En El Cauca se asesina al dirigente social y a su familia, principalmente hijos y esposa.

Así se mantiene la violación a un acuerdo de paz que ha servido principalmente para desarmar a los revolucionarios, mientras entidades internacionales claman inútilmente por su implementación ante un régimen respaldado por el imperialismo.