Divulgan cifras sobre jóvenes inmigrantes sin papeles en EE.UU.

En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, David Lapan, manifestó que los ahora exbeneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés) no serán prioridad en los procesos de deportación.

Hace dos semanas venció el plazo concedido por el Gobierno para actualizar el amparo migratorio, y casi 133 mil personas de las 154 mil que reunían los requisitos correspondientes dieron ese paso, acotó el vocero.

Existente desde junio de 2012, dicha medida concede protección legal, según fuentes oficiales, a unos 800 mil jóvenes, llamados soñadores, contra la posibilidad de ser deportados. También permite a quienes arribaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños permanecer en su territorio, y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen diferentes requisitos.

Sin embargo, el Gobierno norteamericano, mediante el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció el fin del DACA el 5 de septiembre pasado, lo cual desencadenó diversas protestas.

El fiscal general cuestionó además en esa ocasión la legalidad del mecanismo aprobado por orden ejecutiva del entonces presidente, Barack Obama, antecesor del actual ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump.

Previo al mensaje de Sessions, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional precisaron que no aceptarían nuevas solicitudes de quienes podrían cumplir los requisitos del programa pero no estaban protegidos hasta el momento.

Asimismo, dieron a conocer que los beneficiarios actuales no se verán afectados hasta el 5 de marzo de 2018, y los poseedores de un permiso que expirara entonces tendrían la posibilidad de solicitar hasta el 5 de octubre una renovación de dos años.

Trump decidió rescindir el DACA, y concedió un plazo de seis meses al Congreso para ocuparse del tema, pero no describió cómo desea que el Legislativo lo haga y dejó en manos de senadores y representantes las determinaciones.

La administración entregó el 8 de octubre al Congreso una larga lista de demandas que deberán cumplirse antes de alcanzar un pacto sobre los soñadores.

Según las opciones divulgadas, antes de permitir el otorgamiento de un estatus legal, Trump insistirá en conseguir financiamiento para su polémico muro en la frontera con México y la contratación de otros 10 mil agentes de inmigración.

Las exigencias incluyen negar fondos federales a las llamadas ciudades santuario (urbes a favor de los inmigrantes sin papeles), mayores recursos para perseguir a los indocumentados, leyes más estrictas destinadas a los solicitantes de asilo, y el endurecimiento de la línea divisoria contra la entrada de niños centroamericanos.

Además, buscan cambiar el sistema de inmigración legal de Estados Unidos, que actualmente prioriza las conexiones familiares, por uno basado en el mérito de los solicitantes.