Fiscalía de Brasil emite nuevas denuncias contra Michel Temer

La Procuraduría General de la República denunció al presidente de facto Michel Temer y parte de su cúpula del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB).

El procurador, Rodrigo Janot, denunció a Temer ante el Tribunal Supremo Federal a los integrantes del PMDB por organización delictiva, sobre Temer pesa una acusación que lo señala como líder de la organización criminal desde mayo de  2016.

Además de Temer, están acusados el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuhna, los exministros Henrique Alves y Geddel Vieira Lima, el exasesor de Temer, rodrigo Loures y los actuales ministros Eliseu Padilha y Moreira Franco.

Los funcionarios fueron señalados de practicar acciones ilícitas a cambio de sobornos, utilizando órganos públicos como el Ministerio de la Integración Nacional, la Cámara de Diputados y las empresas estatales Petrobras, Furnas y Caixa Economica.

La denuncia también incluye un delito de obstrucción a la justicia debido a las maniobras de Temer y los directivos del grupo cárnico JBS para evitar que el cambista Lúcio Funaro firmara un acuerdo de delación premiada con la fiscalía.

La fiscalía alegó que el sistema desarrollado por Temer permitió que él junto con sus colegas recibieran al menos 587 millones de reales ($188 millones) en sobornos.

En la denuncia resaltan que en mayo de 2016, cuando Temer accedió al poder tras el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, los legisladores del PMDB en la Cámara de Representantes pasaron a ocupar el papel de organización delictiva que tenían antes los integrantes del Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda.

La fiscalía también aseguró que la organización obtuvo "carácter transnacional", esto se probaría con los mecanismos de blanqueo de dinero, con transferencias internacionales disimuladas en tres niveles para distanciar el origen de los valores o el depósito en bancos extranjeros.

El presidente de facto ya fue denunciado por un delito de corrupción pasiva relacionado con el cobro de sobornos del grupo JBS pero la Cámara de Diputados archivó la denuncia.

Para que el mandatario pueda ser investigado por el Supremo y quedar suspendido de la presidencia es necesaria la autorización previa de los diputados.