El Supremo de EE.UU. declara constitucional la ejecución por inyección letal

Infligiendo una nueva derrota a los activistas contra la pena de muerte, el Tribunal Supremo de EE.UU. declaró este lunes constitucional un método de ejecución por inyección letal, cuestionado después de que se usara en varias ejecuciones largas y difíciles.

Cinco de los nueve magistrados de la más alta instancia judicial del país estimaron que las demandas de condenados a muerte en Oklahoma (sur) no demostraron "un riesgo sustancial de sufrimiento" en el caso de la utilización del Midazolam, un ansiolítico para dejar inconsciente al condenado antes de administrarle el producto letal.

El más alto tribunal estadounidense concluyó que este método respetaba la octava enmienda, que prohíbe los sufrimientos "crueles e inusuales".

"Los presos no identificaron un método de ejecución alternativo disponible que implique un riesgo de sufrimiento significativamente menor", dijo el juez Samuel Alito al leer la decisión de la mayoría.

La decisión constituye un revés para los opositores a la pena de muerte en Estados Unidos, el único país occidental que aún aplica este castigo. Alabama, Arizona, Florida, Luisiana, Oklahoma y Virgina recurren al midazolam para aplicar la inyección letal.

"Es difícil imaginarse qué puede ser más cruel o más inusual que una muerte prolongada", dijo Diann Rust-Tierney, directora de la Coalición Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte.

Drogas controvertidas

En una decisión de abril de 2008, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad del uso de la inyección letal. Pero desde entonces, el rechazo de los fabricantes —principalmente europeos— a suministrar las drogas requeridas para ejecutar presos condujo a estados como Oklahoma a buscar alternativas, incluido el midazolam, cuya efectividad es cuestionada.

En abril de 2014, Clayton Lockett, condenado a muerte en Oklahoma por asesinato, violación y secuestro, agonizó por 43 minutos antes de morir y se le pudo ver retorcerse de dolor durante su prolongada ejecución.

Unos meses antes, Dennis McGuire, condenado a muerte en Ohio por asesinar a una mujer embarazada, tardó 26 minutos en morir, mientras que lo mismo ocurrió en Arizona en julio de 2014 con Joseph Wood, cuya agonía duró 117 minutos.

Se supone que la muerte por inyección letal no debería insumir más de diez minutos y tampoco debería causar dolor.

Un cuarto demandante contra este método, Charles Warner, también fue ejecutado en Oklahoma en enero pasado luego de que la Corte Suprema rechazara su pedido de clemencia de última hora.

En el lugar mismo de la ejecución, Warner —condenado a muerte por violar y matar a una niña de once meses— dijo que sentía como si su cuerpo estuviera "ardiendo".

Una experiencia desastrosa

Dos jueces sostuvieron el lunes que ya era hora de hacerse una pregunta básica. "¿Es constitucional la pena de muerte?", dijo el lunes el juez Stephen Breyer, quien sostuvo que hablaba por él y por su colega Ruth Ginsburg.

Confirmando la gran controversia que rodea a este tema, el juez ultraconservador Antonin Scalia replicó en la sala del tribunal que "a diferencia del matrimonio gay, la pena de muerte está aprobada por la Constitución".

Pero la magistrada Sonia Sotomayor, que forma parte de la minoría progresista de la Corte, dijo que "al proteger a quienes han cometido los crímenes más odiosos, la 8a Enmienda reafirma el deber del gobierno de respetar la dignidad de todas las personas".

"Hoy, sin embargo, la Corte absuelve al estado de Oklahoma (...) y le exige a un condenado que él mismo identifique un medio para ser ejecutado", subrayó.

De su lado, la poderosa Unión para la Defensa de las Libertades estimó que "la mayoría de Estados Unidos le ha dado la espalda a la pena de muerte, solo un puñado de estados persisten en aplicarla, es tiempo de poner fin a esta experiencia desastrosa de la pena capital".

Este año se ha ejecutado a 15 presos en Estados Unidos, una cifra inferior a las 25 ejecuciones de 2014, las 39 de 2013, las 43 de 2012 y las 46 de 2011, según el Centro de Información sobre la Pena capital (DPIC). El récord fue en 1999, con 98 ejecuciones.