El País y el butacón orgánico

El País y el butacón orgánico
Fecha de publicación: 
17 Junio 2015
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Para ello, se salta todos los preceptos del periodismo que dice profesar y en calzoncillos –de costosa etiqueta, por cierto– predica su moral. Abrir su página de América es un ejercicio cervantinamente ejemplar.

La primera noticia del miércoles, 17 de junio de 2015, corresponde, desde luego, a Venezuela. ¿A Venezuela, he dicho? “La oposición brasileña pedirá a Venezuela la liberación de los presos”, reza el titular. Luego, y sin necesidad de leer el brulote noticioso, se sabe de qué va la cosa: los delincuentes encarcelados, responsables y cómplices de linchamientos políticos, deben ser considerados inocentes prisioneros políticos. Ese es el patrón que con tanta insistencia han desarrollado. De ahí que el titular y el bajante informativo que lo escolta, lo confirmen y, lo que es más cínico aún, lo den como consenso.

Y hay, en efecto, un butacón de consenso, pero no está vacío, como el butacón de Dios que el cosmonauta de Guillén descubre, sino ocupado por el concepto monopolista de la prensa y por la mordaza que los dueños de las transnacionales de la información imponen al ejercicio del derecho a la información, que debe ser pública y social. La práctica constante de usurpación de ese derecho por parte de El País no se camufla demasiado en la cadena de reportes. De ahí que, en otro de los titulares, se anuncie: “Ecuador logra un juez en la Corte Interamericana de DD HH.” (De mi parte las negritas). Del mismo modo en que la nota deportiva minimiza la victoria uruguaya ante Jamaica en la Copa América de fútbol. Antes, e inmediatamente después del acápite venezolano, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha sido presentado como el promotor de la “ley mordaza”, es decir la ley de regulación de medios e información que intenta equilibrar la discriminación que esos medios de Prensa ejercen sobre la sociedad civil. Ley mordaza, cuyo apelativo corresponde en realidad a España, en el más neoliberal de los sistemas de gobierno que ha alternado.

¿De qué trata la noticia en cuestión?

De la convocatoria librada por el presidente ecuatoriano para contrarrestar las manipulaciones opositoras de derecha, el pasado lunes, 15 de junio. En el acto, Correa mantuvo firme su propuesta de llevar a aprobación democrática las leyes, aunque aplazó el proceso de puesta en vigor para continuar el debate. ¿Y cuál es la imagen que el Diario usa para ilustrarla? La de una joven que porta un cartel que califica de dictadura al gobierno de Correa junto a un grupo de policías que, por cierto, miran a otra parte. Ya no se trata de uso subliminal del planteamiento gráfico, sino de cínica inversión de lo ocurrido. No aparece ni siquiera una imagen auxiliar de los manifestantes que apoyaron la convocatoria presidencial. Se esgrime, en conclusión, una mentira tan vulgar, que hace merecer a El País al menos dieciséis verdaderas leyes mordazas sucesivas, del modo en que la justicia estadounidense aplica varias cadenas perpetuas a un reo, como si tuviese vidas para ello.

En la reseña de la subida del gobierno argentino a las ayudas públicas, de un 30% nada menos, se destaca la coyuntura eleccionaria como verdadero motivo. “El gobierno argentino sube en un 30% las ayudas públicas en campaña”, dice el titular, una vez más con las negritas de mi parte, en tanto el bajante reitera el recurso y habla de beneficios de millones de argentinos “justo en plena carrera electoral”. Así, beneficiar a millones de ciudadanos no es un gesto de cumplir con la democracia, sino puro golpe de efecto electoral. La lectura de la nota en sí acentúa la perspectiva monopolista de la exposición, pues la medida de beneficio social a millones de argentinos apenas deja, para la periodista, “una sensación de calma económica” que se consigue, “con ayuda del gasto público”.

O sea, y como lo demuestra la más elemental e inmediata lógica formal, que el gasto público no puede ser para beneficio público. No es de dudarlo, si tenemos en cuenta el uso de los beneficios que el Diario, y su grupo empresarial propietario, hacen de los beneficios que obtiene, también, del gasto público de otras naciones latinoamericanas. La verdadera noticia, con el verdadero análisis de impacto, es decir, que el gobierno de Cristina Fernández es el primero de esa nación que se estrena sin problemas de alto endeudamiento, gracias a que, justo cuando comenzó el mandato del fallecido Néstor Kirchner, comenzó un proceso ganado de desendeudamiento, se diluye en el tracto digestivo de los señalamientos críticos. Lo sustancialmente irónico de la “objetividad” del reporte radica en que, aunque El País insiste en ser vocero de los criterios de oposición a estos gobiernos, reelectos en plena legitimidad democrática vigente, las opiniones no pueden más que reconocer los méritos económicos de la política kirchnerista que, de acuerdo con esa misma democracia electoral burguesa que como democracia se toma en la actualidad política global, requiere de elecciones para legitimarse.

Supongo que, ante la aplastante realidad que el reporte no consigue ocultar, la Redacción de El País haya decidido añadirle la nota asociada con la que busca acusar de autoritaria a la presidenta argentina al decir que “exhibe su poder” con el nombramiento de uno de sus funcionarios. No puede ser más orgánico, monolítico y cerrado, en su generación de consenso ideológico, el punto de vista de los redactores de este Diario. No está vacío el butacón, ya lo decía, sino activo y dispuesto a cancelar cualquier alternativa. La oposición a estos gobiernos, no se olvide, es la oligarquía que ha detentado el poder desde la independencia y que, a fuerza de siglos de saqueo, ha perdido la silla de gobierno.

Para los monopolios de la información es imprescindible, de vida o muerte histórica, conciliar el consenso de opinión con el carácter legítimo de su constante proceso de concentración de la riqueza y de reproducción del capital. Sus millonarias ganancias, que de la explotación de las masas proceden, son la verdadera causa de la perspectiva de juicio informativo, aunque redactores y redactoras puedan, en efecto, acotar que sus ingresos van muy por debajo de esas cifras, y sin reconocer, so pena de despido, que los empleadores explotan sin misericordia su indiscutible talento manipulador.

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