Nazis expulsados de EE.UU. siguieron cobrando Seguro Social

Nazis expulsados de EE.UU. siguieron cobrando Seguro Social
Fecha de publicación: 
20 Octubre 2014
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Los pagos, financiados por los contribuyentes estadounidenses, fluyeron a través de una brecha que dio al Departamento de Justicia federal la fuerza necesaria para persuadir a los sospechosos de ser nazis de abandonar Estados Unidos. Si lo hacían, o simplemente huían antes de ser deportados, podían mantener sus prestaciones del Seguro Social, según entrevistas y registros internos del gobierno federal de Estados Unidos.

Entre los que recibieron esas prestaciones había solados que custodiaban los numerosos campos de concentración donde exterminaron a millones de judíos; un científico que usó a trabajadores esclavos para hacer avanzar sus investigaciones en el Tercer Reich y un colaborador nazi que coordinó la arresto y ejecución de miles de judíos en Polonia.

En este momento quedan vivos al menos cuatro beneficiarios, entre ellos Martin Hartmann, ex guardia de las SS en el campo de concentración Sachsenhausen en Alemania, y Jakob Denzinger, quien patrullaba los terrenos del campo de concentración de Auschwitz en Polonia.

Hartmann se mudó a Berlín en 2007 desde Arizona antes que le retiraran la ciudadanía estadounidense. Denzinger huyó a Alemania desde Ohio en 1989 tras conocer que se habían iniciado los procedimientos para retirarle la ciudadanía estadounidense. Pronto se reasentó en Croacia y ahora vive en un espacioso apartamento en la margen derecha del río Drava en Osijek. Denzinger declinó discutir su situación con un reportero de la AP; el hijo de Denzinger, quien vive en Estados Unidos, confirmó que su padre recibe pagos del Seguro Social y afirmó que lo merece.

El acuerdo permitió a la Oficina de Investigaciones Especiales (OSI), la unidad del Departamento de Justicia que se dedicaba a buscar nazis, pasar por alto los prolongados procedimientos de deportación y aumentar la cantidad de nazis expulsados del país.

Pero registros internos del gobierno obtenidos por la AP revelan las fuertes objeciones del Departamento de Estado a las prácticas de la OSI. Los beneficios del Seguro Social se convirtieron en herramientas, dijeron funcionarios diplomáticos estadounidenses, para asegurar acuerdos con sospechosos de ser nazis que aceptaban la pérdida de la ciudadanía y abandonaban voluntariamente el país.

"Es absolutamente indignante que criminales de guerra nazis sigan recibiendo beneficios del Seguro Social cuando han sido expulsados de nuestro país desde hace muchos años", dijo la representante federal Carolyn Maloney, de Nueva York, la demócrata de más rango en la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, quien agregó que planeaba presentar un proyecto de ley para cerrar esa brecha.

Efraim Zuroff, el jefe cazanazis en el Centro Simon Wiesenthal en Jerusalén, dijo que apoyará dichos esfuerzos por cerrar el resquicio.

"Si es posible, debería hacerse", afirmó en una entrevista el lunes.

El análisis de la AP concluyó que desde 1979 al menos 38 de 66 sospechosos expulsados del país mantuvieron sus prestaciones del Seguro Social.

La Administración del Seguro Social expresó su enojo en 1997 sobre el asunto, muestran documentos, lo que provocó reacciones en capitales extranjeras y al más alto nivel del gobierno.

Las autoridades austríacas se mostraron furiosas al conocer un acuerdo con Martin Bartesch, ex guardia de las SS en el campo de concentración de Mauthausen en Austria. En 1987, Bartesch aterrizó sin anunciarse en el aeropuerto de Viena. Dos días después, bajo los términos del acuerdo, le retiraron la ciudadanía estadounidense.

Bartesch, nacido en Romania y que había emigrado a Estados Unidos en 1955, quedó repentinamente sin un estado y se convirtió en un problema para Austria. Bartesch siguió recibiendo su pensión del Seguro Social hasta que murió en 1989.

"No fue un proceso transparente ni legítimo", dijo James Hergen, asistente jurídico del Departamento de Estado entre 1982 y 2007. "Esta no es la forma en que Estados Unidos debe hacer las cosas. No debemos deshacernos de nuestra basura, por falta de una mejor palabra, echándosela a países amigos"

Neal Sher, ex director de la OSI, dijo que el Departamento de Estado se preocupaba más por las sensibilidades diplomáticas que por pedir cuentas a antiguos miembros de la maquinaria de guerra de Adolfo Hitler.

En medio de objeciones, la práctica de interrumpió, pero la brecha de los beneficios del Seguro Social se mantuvo abierta.

Peter Carr, portavoz del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que nunca se usaron los pagos del Seguro Social para presionar a los sospechosos a abandonar el país voluntariamente.

La Administración del Seguro Social se negó a dar a la AP la cifra total de sospechosos de nazis que recibieron beneficios y la cifra de dinero de ales pagos. El portavoz William "BJ" Jarrett dijo que la agencia no tiene información específica sobre esos casos.

Otro obstáculo, dijo Jarrett, es que no hay excepción en las leyes estadounidenses de privacidad "que nos permita divulgar información porque el individuo sea un crimina de guerra nazi o está acusado de cometer delitos de guerra".

El Departamento también declinó coordinar una entrevista con la comisionada en funciones de la entidad, Carolyn Colvin, o cualquier alto funcionario.

El rabino Marvin Hier, fundador y director del Centro Simon Wiesenthal en Los Angeles, dijo que esa brecha hay que cerrarla.

"Se puede vivir bien en Europa o cualquier otra parte con una pensión del gobierno de Estados Unidos", dijo Hier. "De hecho, los estamos premiando. Eso no tiene ningún sentido".

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