Videla, Montt y las dictaduras en América Latina

La noticia de la muerte del genocida argentino Jorge Rafael Videla, y el juicio contra el dictador Efraín Ríos Montt acapararon importantes espacios informativos en los últimos días. Ambos hechos vuelven la mirada a una historia cargada de dolor, tristeza, muerte e impotencia.

Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, afirmó en un corto mensaje a los medios de su país que la noticia de la muerte de Videla la había dejado paralizada y en lo primero que pensó fue en sus hijos “y en las torturas a las que fueron sometidos”.

Hebe aseguró que no estaba contenta porque había muerto. “No me podía poner contenta pensando en todo lo que nos había hecho. Pensé en todas las madres, en tanto dolor, en todas las familias destruidas”.

Creo que sus palabras resumen el sentimiento de angustia que acompaña aún la historia de las dictaduras impuestas en los países de América Latina y Centroamérica desde finales de la década del 70 y durante los años 80. Dictaduras apoyadas directamente por los Estados Unidos.   

Ahora, ¿quién fue Videla? A este triste personaje se le reconoce como el ideólogo de la represión de Estado y el principal organizador y ejecutor del Plan Cóndor en Argentina, por el que se afirma desaparecieron alrededor de 30 mil argentinos entre 1976 y 1983.

Tras un golpe de Estado al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, llega al poder y entroniza una dictadura cívico-militar que llamaron Proceso de Reoganización Nacional. La misma duró hasta 1983.

Los historiadores afirman que este período se caracterizó por la instauración del terrorismo de Estado, constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímines de lesa humanidad.

En 1985 fue condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crímenes cometidos durante su gobierno. Sin embargo, fue indultado por el ex presidente Carlos Ménem el 28 de diciembre de 1990 y estuvo libre hasta 1998. En ese año, el entonces juez federal de San Isidro Roberto Marquevich lo detuvo en una causa por sustracción de menores, el único delito que quedaba fuera de la órbita del indulto. En esa causa fue procesado.

En diciembre de 2010 es condenado a prisión perpetua y cárcel común en un juicio en Córdoba por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el fusilamiento de una treintena de disidentes detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, en 1976, y varios casos de secuestros y torturas.

Lo vuelven a condenar a 50 años de prisión, el 5 de julio de 2012, por el Tribunal Oral Federal 6 al ser encontrado responsable de la puesta en marcha de un plan sistemático de sustracción de menores a secuestradas en centros clandestinos de detención y puntualmente condenado por 18 casos, entre ellos el de Guido, el nieto que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto aún sigue buscando.

Actualmente, enfrentaba un juicio oral por el denominado Plan Cóndor. A pesar de que mantuvo silencio sobre el paradero de las desaparecidos y se negó a declarar ante el Tribunal Oral Federal 1, en la última visita a los juzgados el pasado 14 de mayo, el dictador, quien no se arrepintió jamás de los crímenes cometidos contra miles de argentinos, leyó un breve manifiesto en el que asumía con plenitud las responsabilidades castrenses y deslindó de culpa a sus subordinados.

Hoy, muchos argentinos lamentan que Videla haya muerto sin decir una palabra sobre el paradero de sus seres queridos, dejando abierto un ciclo que no cerrará hasta que los miles de hijos, nietos, hermanos... sean encontrados finalmente.

Es en todo este contexto, en que entra también al debate público la situación del dictador Efraín Ríos Montt. El ex mandatario encabezó uno de los gobiernos más sangrientos de la guerra civil que sufrió Guatemala durante los años 1960 a 1996 y que dejó 200 mil muertos, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pasado 10 de marzo y luego de años de lucha, un tribunal guatemalteco logró sentarlo en el banquillo de los acusados y recibió la pena de 80 años de cárcel por el genocidio cometido contra la comunidad maya ixil en el departamento de Quiché (norte), durante el período que estuvo en el poder desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983.

A Ríos Montt se le acusa de ser el responsable directo de la muerte de 1771 personas, así como el desplazamiento forzoso, privación de alimentos, torturas, abuso y violencia sexual contra los ixiles. Resulta desgarrador leer el testimonio de los sobrevivientes de la masacre, en su mayoría hijos de aquellos mayas asesinados por el ejército.

Basado en las declaraciones de esos testigos y con pruebas documentales de los hechos, el tribunal determinó que Ríos Montt era culpable de los crímenes cometidos bajo planes concretos que iban dirigidos a exterminar a supuestos enemigos, que no solo incluía a grupos guerrilleros, sino también a la población civil ixil, a la que las autoridades golpistas acusaban de apoyar a las organizaciones rebeldes.

Documentos encontrados en los Estados Unidos demuestran además, la vinculación entre el gobierno de Ríos Montt y la administración de Ronald Reagan.

Días después de este dictamen histórico que había convertido a Ríos Montt en el primer ex gobernante latinoamericano condenado por genocidio, se dio a conocer la arbitraria noticia de que la Corte Constitucional de Guatemala había revocado la sentencia porque encontró procedimientos que no se apegaron a la constitucionalidad durante el proceso.

Según expertos, la Corte se pronunció a favor del amparo introducido por la defensa del dictador y en base a que el debate judicial se tuvo que haber parado cuando una jueza suspendió el juicio el pasado 19 de abril, cosa que no sucedió así.

En ese sentido, el juicio no queda anulado, sino que la sentencia deberá tomarla otro tribunal en base a las irrefutables pruebas presentadas. En estas circunstancias se deberá retroceder hasta el 19 de abril.

El jurista nicaragüense, Leonardo González Estrada, aclaró en entrevista a Prensa Latina, que la Corte Constitucional no absolvió a ninguno de los imputados, quienes siguen siendo señalados por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

"La subsanación procesal del juicio no cambiará la futura sentencia condenatoria, pues ninguna de las alegaciones refutan o interponen pruebas sobrevenidas o aparecidas en medio del juicio que puedan absolver a Ríos Montt de la responsabilidad penal por las matanzas en esas comunidades indígenas", puntualizó.

El académico enfatizó que la violación del debido proceso, en virtud del derecho a la defensa efectiva de los imputados, es lo que dio carta abierta a los magistrados de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Guatemala para refrendar como justo el tecnicismo alegado por el representante legal del dictador, pero que a la larga no debe impedir que sea condenado por los delitos que se le imputan.  

Aún cuando existe un sentimiento de frustación general, grupos y organismos de derechos humanos y víctimas del genocido en Guatemala han afirmado que la lucha para poner a Ríos Montt tras las rejas continuará a pesar de la presión que ejercen algunos grupos de poder desde la derecha.  

Poner a este sanguinario personaje tras las rejas significará también para el resto de los latinoamericanos que la historia lo estará juzgando por hechos que, esperemos, no vuelvan a repetirse jamás en nuestros pueblos.